Presentan un proyecto para crear dos Fiscalías Anticorrupción blindadas del poder político

La parálisis de las causas de corrupción que involucran a exfuncionarios y dirigentes de la provincia ingresó formalmente al debate parlamentario como un eje de máxima confrontación. A través del expediente N.º 91-53.809/26, el bloque de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para ordenar la creación de la Fiscalía Número Uno y la Fiscalía Número Dos Especializadas en Anticorrupción.

La iniciativa, impulsada por un numeroso frente de legisladores opositores, fundamenta que la estructura actual del Ministerio Público Fiscal se encuentra completamente desbordada ante la complejización de los delitos contra la administración pública. Sin embargo, el núcleo más polémico de la propuesta radica en la exigencia de dotar a estos nuevos organismos de fueros y potestades especiales que los "aíslen" de las presiones y obstáculos del propio poder político salteño, sintonizando directamente con la agenda que el Ministerio de Justicia de la Nación promueve a nivel federal.

La propuesta legislativa lleva las firmas de los diputados Franco Lastra, Nicolás Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Sergio López y Eduardo Virgili. En sus argumentos, los autores advierten que la creación de fiscalías especializadas es la única garantía real para preservar el estado de derecho y mantener la integridad de las instituciones públicas en Salta.

El proyecto enfatiza que los nuevos fiscales no solo deben tener mayor presencia e inmediatez en el territorio, sino que necesitan un blindaje operativo absoluto, reconociendo implícitamente que la justicia ordinaria actual carece de la independencia necesaria para avanzar contra los funcionarios de turno.

Pese a la gravedad institucional del planteo, el destino del expediente refleja la resistencia de los sectores mayoritarios a habilitar auditorías sobre las cajas públicas. El proyecto de ley ingresó al orden del día sin dictamen de las tres comisiones clave por las que debía ser rigurosamente evaluado: la Comisión de Justicia; la Comisión de Hacienda y Presupuesto; y la Comisión de Legislación General.