Investigan a siete policías tucumanos por participar en la trama narco de los 66 kilos de cocaína en Salta

Lo que comenzó como un escandaloso decomiso de estupefacientes que involucraba a una médica de Gendarmería Nacional ha mutado de forma dramática en una compleja investigación interprovincial que expone la infiltración del narcotráfico y las "mexicaneadas" dentro de las propias fuerzas policiales. La Justicia Federal de Salta colocó bajo la lupa a siete efectivos de la Policía de Tucumán que prestaban servicios en el Destacamento Fronterizo "7 de Abril".

Los uniformados irrumpieron de manera ilegal y sin autorización alguna en territorio salteño en medio de una violenta balacera en la Ruta Nacional 34, donde una banda delictiva intentaba robarle la carga de 66 kilos de cocaína de alta pureza a las transportistas. El fiscal federal Ricardo Toranzos confirmó que las actas policiales fueron fraguadas y que los agentes tucumanos desaparecieron misteriosamente del lugar apenas se detectó la droga, robusteciendo la hipótesis de que actuaban como entregadores, custodios clandestinos o socios de las bandas de piratas del asfalto.

El domingo, la aparente tranquilidad del paraje salteño El Potrero —en el límite fronterizo con Tucumán— se astilló por completo. Dos mujeres desesperadas, identificadas como la médica de Gendarmería Ivana Georgina Portal y la esteticista Delia Yolanda Tame, buscaron refugio en el zaguán de una vecina mientras su camioneta Renault Duster era acribillada a balazos. Al llegar el primer patrullero de la Policía de Salta, los peritos contabilizaron al menos siete orificios de bala en el vehículo, una cubierta reventada y cristales estallados producto de una persecución de película iniciada kilómetros atrás, en una estación de servicio de Rosario de la Frontera.

Mientras los efectivos salteños intentaban asegurar la zona y contenían a las sospechosas, la escena sumó actores inesperados y altamente sospechosos. Primero apareció José Alfredo “Yuya” Troichuque a bordo de una camioneta blanca quien, al verse descubierto por la policía salteña, se dio a la fuga a toda velocidad hacia el sur. Segundos después, irrumpió una camioneta particular blanca conducida por un hombre uniformado y ocupada por otros tres sujetos que se identificaron como policías de Tucumán.

Los agentes tucumanos justificaron su presencia alegando que realizaban "tareas de patrullaje preventivo", una burda mentira técnica dado que se encontraban a más de 20 kilómetros de su jurisdicción legal, careciendo de competencia y de cualquier autorización de sus superiores jerárquicos para cruzar la frontera provincial.

Cómplices o custodios: las dos hipótesis de la Justicia sobre la policía tucumana

La farsa del patrullaje se desmoronó cuando, bajo las directivas de la auxiliar fiscal Carolina Salas, los peritos judiciales revisaron a fondo la Duster tiroteada y descubrieron que los plomos de la emboscada habían levantado la chapa del piso del baúl, dejando al descubierto un doble fondo con 64 ladrillos de cocaína que arrojaron un pesaje de 66 kilos. En ese preciso instante, al ver que el cargamento narco ya no podía ser ocultado, los policías tucumanos se retiraron raudamente del lugar de los hechos, sin dejar constancia, firmas ni precisiones de su supuesta intervención oficial.

El fiscal federal Ricardo Toranzos maneja dos hipótesis criminales directas respecto al rol de los: la primera es que los policías tucumanos fueron directamente contratados por "Yuya" Troichuque (detenido horas después en el paso de El Tala) para aportar logística, armas reglamentarias y zona libre para ejecutar el robo de la droga a las transportistas, una maniobra de asalto interna conocida en la jerga como "mexicaneada"; la segunda que los efectivos del destacamento "7 de Abril" formaban parte del pacto original de transporte y cobraban un peaje ilegal para garantizar que la cocaína no fuera controlada en su ingreso a Tucumán. 

Según la segunda línea de investigación, acudieron al Potrero en auxilio de la médica y la esteticista al enterarse de que estaban siendo emboscadas por una facción rival que pretendía quedarse con el botín.

“Estuvieron ahí porque alguien los llamó. Cuando se analicen los teléfonos celulares se sabrá la verdad. Está prácticamente descartado que fuera una casualidad”, confió una fuente judicial ligada fuertemente al expediente.

Desarmados, pasados a disponibilidad y bajo peritaje forense

La reacción institucional ante la gravedad del caso no se hizo esperar. El Jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, dispuso de inmediato el pase a disponibilidad preventiva y el cese de funciones para un total de siete efectivos provinciales: los cuatro que irrumpieron ilegalmente en el escenario salteño y los tres que cubrían la guardia del destacamento fronterizo al momento del operativo irregular, iniciándoles además un sumario administrativo de destitución.

En paralelo, un fuerte operativo judicial desembarcó en la base del Destacamento "7 de Abril". Allí, la Justicia Federal secuestró la camioneta particular blanca utilizada para el traslado ilegal a Salta, los teléfonos celulares personales de toda la cúpula del puesto, los libros de guardia —donde se constató que el acta de actuaciones estaba fraguada y firmada con fecha posterior para intentar encubrir la maniobra— y las armas reglamentarias de los siete implicados.

Estas pistolas serán sometidas en las próximas horas a peritajes de balística forense comparativa para determinar de manera científica si las balas que impactaron en la camioneta de las narco-transportistas salieron de las armas provistas por el Estado tucumano. El norte argentino asiste al nacimiento de una megacausa que demuestra que los puestos de control limítrofes, lejos de combatir el delito, en ocasiones funcionan como aduanas privadas al servicio de los clanes de la droga.