Diputados de Salta exigen a Nación la restitución del plan “Volver al Trabajo"

La Cámara baja provincial aprobó un proyecto de declaración para repudiar la eliminación del programa nacional, una medida que deja sin ingresos a miles de familias y frena una inyección económica mensual superior a los 4.100 millones de pesos en la provincia. El debate expuso un fuerte cruce con el bloque libertario.

El ajuste de la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de fricción política en el plano provincial. Durante la sesión de este martes, la Cámara de Diputados de Salta aprobó sobre tablas un proyecto de declaración para exigirle de manera formal al Gobierno nacional la restitución inmediata del programa "Volver al Trabajo" y de la asignación monetaria que percibían sus titulares, tras consumarse su baja definitiva este mes de agosto.

La iniciativa fue defendida en el recinto por la diputada Socorro Villamayor, quien advirtió el brutal impacto social y económico de la medida: la eliminación del beneficio perjudica de forma directa a 52.739 salteños y a unas 900.000 personas en todo el país. "

Este proyecto no tiene bandería política, sino que tiene que ver con decisiones políticas que impactan en una determinada población" sentenció la legisladora durante su exposición.

El programa "Volver al Trabajo" había sido creado por la actual gestión libertaria para reemplazar parte de la estructura del antiguo Potenciar Trabajo. Sin embargo, amparados en un fallo de la Cámara Federal de San Martín que habilitó su cierre, los beneficiarios dejaron de percibir los 78.000 pesos mensuales que correspondían a la asignación, marcando a agosto como el primer mes sin este socorro monetario.

Durante el debate, Villamayor cuestionó con dureza el supuesto beneficio fiscal que busca la Nación al suprimir una partida que representa una erogación mínima dentro del presupuesto federal, comparándola con el ahogamiento financiero que genera en las economías regionales. En esa línea, informes del ISEPCi alertaron que la baja del programa no solo castiga a los hogares más vulnerables, sino que retira más de 4.100 millones de pesos mensuales del circuito económico salteño, profundizando la recesión en comercios y proveedores locales.

Desde el Gobierno nacional se argumenta que la intención es reemplazar las transferencias directas por "vouchers" destinados a cursos de formación laboral, bajo la premisa oficial de que la asistencia económica no lograba insertar formalmente a los beneficiarios en el mercado de trabajo.

El tratamiento de la iniciativa no estuvo exento de tensiones y provocó un duro enfrentamiento verbal con los legisladores del bloque de La Libertad Avanza, quienes salieron a blindar la decisión de la Casa Rosada. Los representantes libertarios justificaron el recorte al señalar que el programa funcionaba como una transferencia permanente sin contraprestación laboral efectiva y respaldaron el cambio hacia mecanismos de capacitación.

La discusión escaló de temperatura cuando los legisladores oficialistas recogieron el guante sobre el "reducido impacto presupuestario" señalado por la oposición y retrucaron de manera desafiante que, si los fondos eran tan ínfimos, la Provincia debería hacerse cargo y asumirlos con recursos propios.

La respuesta de los bloques que acompañaron el proyecto no se hizo esperar: retrucaron que la responsabilidad legal y financiera recae exclusivamente sobre el Estado nacional, que fue el creador del programa, el administrador de los fondos y el único responsable de una poda que deja a decenas de miles de salteños a la intemperie.