Caso Constanza Lee: inoperancia de los juzgados de familia y el costo político de una justicia ciega

La grave denuncia por abusos y violencia intrafamiliar que pesa sobre un profesional de la salud expone las fisuras entre el Ministerio de Salud y los juzgados de familia. Entre cuestionados fallos de tenencia, una medida preventiva de apartamiento y el reclamo de elevación a juicio, el caso desnuda la desprotección estatal frente a las víctimas.

El sistema judicial y político de la provincia de Salta se encuentra atravesado por un profundo cuestionamiento institucional a raíz de la causa que investiga al médico cardiólogo Ricardo Javier Fernández. Acusado por su expareja, Constanza (Claudia) Lee, y su hija Sofía Fernández Lee, de someterlas a 19 años de abusos sexuales, violencia física, psicológica y familiar, el expediente judicial se transformó en el espejo de una crisis estructural en la forma en que los poderes del Estado abordan las denuncias por violencia de género y vulneración de infancias.

Mientras la causa penal avanza hacia su tramo decisivo con un pedido formal de juicio oral, el manejo político y administrativo del caso dejó al descubierto las contradicciones entre una administración sanitaria que debió actuar de urgencia y una Justicia de Familia cuyos fallos previos estuvieron al borde del desastre humanitario.

La intervención de Salud y el peso del blindaje corporativo

El impacto político de la denuncia obligó al Ejecutivo provincial a tomar distancia y aplicar medidas de contención administrativa para evitar un costo mayor en la gestión pública. A instancias de la repercusión pública, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, dispuso el apartamiento preventivo del profesional, prohibiéndole la atención directa de pacientes en los consultorios externos del Hospital San Bernardo.

Sin embargo, la medida cautelar encendió las alertas sobre los controles internos en la administración pública: ¿cómo un médico con semejantes acusaciones en el fuero penal continuaba vinculado a la órbita estatal hasta que la presión mediática forzó la reacción ministerial? La decisión de blindar preventivamente a los pacientes del sistema público expuso la tensión latente entre la permanencia laboral de agentes estatales imputados por delitos graves y la responsabilidad institucional de resguardar a la ciudadanía.

El rol de la Justicia de Familia: cuando el fallo institucional empuja al abismo

El flanco más severo de la crisis institucional recae sobre el fuero de familia, cuyos magistrados quedaron en el centro de las críticas por resoluciones que desoyeron los antecedentes de violencia. La situación escaló a niveles de extrema gravedad institucional cuando un fallo judicial dispuso otorgar la tenencia de la hija menor al padre denunciado, una decisión revulsiva que provocó una crisis desesperada en la madre, derivando en un intento de autoeliminación de Constanza Lee ante la absoluta falta de respuestas protectoras por parte de los tribunales.

Este episodio dejó al desnudo una falla sistémica: la desconexión operativa entre los juzgados que dictan medidas de revictimización y la realidad de violencia que denuncian las víctimas, evidenciando que los protocolos de protección a menores y mujeres en Salta suelen subordinarse a tecnicismos procesales que ponen en riesgo la vida misma de los involucrados.

Estado procesal y la exigencia de justicia plena

En el plano estrictamente penal, el expediente se tramita bajo el legajo N° 190.747/24 en el Juzgado de Garantías de 3° Nominación del Distrito Centro. El profesional de 60 años se encuentra formalmente imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su expareja, sumado a los cargos por violencia intrafamiliar sostenida durante casi dos décadas.

Frente al avance de la investigación, la querella que representa a las víctimas ya formalizó el pedido de elevación de la causa a juicio oral, exigiendo que el debate se celebre bajo estrictas garantías de transparencia y sin las filtraciones corporativas que históricamente suelen rondar a los sectores con poder económico y profesional en la provincia.

El caso de Claudia y Sofía Lee se convirtió así en una prueba para las instituciones salteñas, donde la demanda social exige que la política y la justicia dejen de actuar a la defensiva y garanticen una tutela judicial efectiva libre de privilegios.