De investigador a encubridor: el rol del subcomisario Guerra que sacude a la cúpula policial salteña

El escándalo en torno al comunicador imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil escaló a las altas esferas de la seguridad provincial. El expediente dejó al descubierto cómo el segundo jefe de la Unidad de Investigación de la UGAP, el subcomisario Edgardo Martín Guerra, llamó al sospechoso para advertirle sobre el allanamiento y coordinar la postergación del operativo. Lejos de una mera imprudencia, el episodio desnuda una red de complicidades institucionales.

La investigación judicial que derivó en la imputación del comunicador Gustavo Vaccarella por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI) sacudió los cimientos de la justicia salteña, pero el coletazo más grave recae sobre la propia cúpula de la seguridad provincial. Lejos de limitarse al hallazgo de aberrantes archivos digitales en un celular peritado, las fojas del expediente exponen un mecanismo de filtración institucional que pone bajo la lupa la confiabilidad de las áreas más sensibles del Estado.

En el centro de la tormenta quedó el subcomisario Edgardo Martín Guerra, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP). Su rol, lejos de garantizar el éxito de la pesquisa y la preservación de la prueba, consistió en comunicarse directamente con el investigado antes de que las fuerzas irrumpan en su domicilio.

¿Aviso o complicidad? La llamada que dinamitó el protocolo

De acuerdo con los datos certeros surgidos del expediente judicial, Guerra estableció contacto telefónico con Vaccarella en la previa del operativo. El tenor de la conversación resulta tan insólito como alarmante para un funcionario a cargo de investigar delitos complejos: lejos de intimar o proceder con el factor sorpresa que exige la ley, el comisario le consultó si se encontraba gente en la vivienda.

Ante la respuesta del comunicador —quien adujo que no había nadie en el domicilio y solicitó postergar el procedimiento para el día siguiente—, el accionar policial quedó atrapado en el cono de sombra de la sospecha. ¿Qué clase de protocolo de investigación de una fiscalía permite que un jefe policial negocie los tiempos de un allanamiento con el propio imputado? ¿Cuántas pruebas vitales o dispositivos se habrían desvanecido en ese margen de maniobra otorgado a espaldas de la justicia?

Frente a la gravedad institucional de la maniobra, el nombre de Edgardo Martín Guerra dejó de ser una mención de servicio en el expediente para transformarse en el símbolo de las recurrentes zonas oscuras de la policía salteña. Ante la presión generada por el escándalo y el avance de las actuaciones orientadas a determinar si incurrió en un delito de acción pública o encubrimiento, el subcomisario fue apartado preventivamente de sus funciones en la fuerza de seguridad, mientras se evalúan medidas disciplinarias y penales drásticas.

La situación del exjefe de la UGAP expone una falla estructural inadmisible: cuando los encargados de perseguir el delito operan como una red de contención o aviso previo para los investigados, el sistema de seguridad se corrompe desde adentro. El caso Vaccarella ya no es solo la investigación de un delito aberrante contra las infancias, sino la radiografía perfecta de un aparato estatal donde los privilegios y las llamadas corporativas amenazan con vaciar de justicia a los tribunales de Salta.