Imputaron a Gustavo Vaccarella por tenencia de material de abuso infantil

La abogada querellante Sandra Domene confirmó la imputación formal contra el comunicador, cuyo teléfono celular fue peritado en el marco de la investigación por la muerte de Lautaro Ramasco. La causa destapó además un gravísimo escándalo colateral: un alto jefe de la UGAP quedó bajo la lupa por haberle advertido presuntamente sobre el allanamiento.

El ámbito periodístico y judicial de la provincia de Salta quedó conmocionado tras confirmarse la imputación formal del comunicador Gustavo Vaccarella por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). La noticia, que trascendió este jueves, fue ratificada por la abogada querellante de la familia de Lautaro Ramasco, la doctora Sandra Domene, quien impulsó la investigación tras hallar los archivos digitales durante las pericias sobre los dispositivos secuestrados en la causa principal.

"Sí, está confirmado" ratificó la letrada en diálogo con medios locales, al despejar las dudas sobre la situación judicial del imputado, cuyo avance formal de investigación se concretó el pasado viernes tras una serie de actuaciones que sacudieron los tribunales locales.

El origen de esta grave imputación se remonta al material digital extraído de un teléfono celular perteneciente a Vaccarella, el cual había sido secuestrado en diciembre de 2024 en el marco de las pesquisas por el fallecimiento de Lautaro Ramasco.

Tras el análisis forense de los soportes digitales, la querella detectó la existencia de archivos relacionados con la explotación y el abuso sexual infantil. Ante esto, el pasado 24 de junio de este año, la jueza de Garantías Claudia Puertas encabezó una audiencia donde dispuso abrir formalmente la investigación penal preparatoria contra el comunicador por el nuevo delito descubierto. Si bien el proceso judicial recién inicia y rige el principio de inocencia, la naturaleza de la acusación generó un fuerte impacto y repudio en la opinión pública salteña.

Escándalo en la fuerza: el jefe policial que avisó el allanamiento

El avance de las actuaciones no solo complicó a Vaccarella, sino que dejó al descubierto una presunta filtración de información sensible desde el interior de la fuerza de seguridad provincial que compromete a la cúpula investigativa.

De acuerdo con los datos surgidos del expediente, quedó expuesto el accionar del subcomisario Edgardo Martín Guerra, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP). La investigación determinó que Guerra mantuvo una comunicación telefónica directa con el comunicador antes de que se ejecute el allanamiento en su domicilio.

En dicha llamada, el funcionario policial le habría consultado a Vaccarella si se encontraba gente en la vivienda, obteniendo como respuesta un pedido para que el operativo policial se postergara para el día siguiente bajo el argumento de que la casa estaba vacía. Este grave arista colateral pone ahora bajo la lupa el funcionamiento y la reserva de los procedimientos en las áreas más sensibles de la seguridad salteña.