Las Pailas: denuncian un desalojo irregular contra familias de la comunidad diaguita-kallchakí

Un operativo con cerca de 600 efectivos policiales avanzó este viernes sobre territorio de la Comunidad Diaguita-Kallchakí Las Pailas, en el departamento Cachi. Desde la organización indígena aseguran que la orden judicial estaba dirigida a una parcela específica de cuatro hectáreas, pero terminó afectando a varias familias de la comunidad, lo que consideran un procedimiento irregular.

La intervención se realizó en el paraje Las Pailas, ubicado a unos 16 kilómetros de la localidad de Cachi, en el marco de una causa judicial que se remonta a más de quince años atrás y que enfrenta a integrantes de la comunidad con particulares que reclaman la propiedad de las tierras.

Según denunciaron referentes indígenas, la orden de desalojo fue firmada por el juez interino Curutchet, mientras que la causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, a cargo de María Fernanda Diez Barrantes.

Ulises Yanes, autoridad de la Comunidad Las Pailas y vocal del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), sostuvo que el procedimiento excedió los límites que habían sido comunicados previamente.

“Anunciaron que iban a actuar sobre una parcela donde vive la familia del hermano Agustín Mamaní, que habitan en cuatro hectáreas, pero terminaron desalojando a otros hermanos. Todo ilegal en cuanto al procedimiento”, afirmó.

De acuerdo con la versión de la comunidad, la orden judicial hacía referencia a una fracción determinada del territorio. Sin embargo, aseguran que el oficio no delimitaba con precisión el área sobre la cual debía ejecutarse la medida, lo que habría permitido el avance sobre otras viviendas y familias que no estaban alcanzadas por el litigio original.

¿Por qué se produjo el desalojo?

El conflicto tiene origen en una demanda iniciada en 2010 por particulares que reclaman derechos sobre las tierras que habita la comunidad indígena. Entre quienes impulsan el reclamo aparecen mencionados Carolina, Florencia y Oscar Wayar, sobrinos del ex vicegobernador salteño Walter Wayar, quienes sostienen que los terrenos forman parte de una herencia familiar. También es señalado por la comunidad Sergio Guitián, familiar de una exintendenta de Cachi.

La causa avanzó hasta obtener una sentencia de desalojo en 2013. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida durante años por la vigencia de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que impedía desalojos sobre territorios ocupados por comunidades originarias mientras se realizaban los relevamientos correspondientes.

Ese escenario cambió el 10 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160, eliminando la protección legal que suspendía este tipo de medidas judiciales.

Para los integrantes de Las Pailas, la reactivación del expediente tras la derogación de la norma permitió avanzar con una sentencia que consideran incompatible con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El reclamo de la comunidad

Desde Las Pailas sostienen que la comunidad cuenta con personería jurídica reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) bajo la resolución 1131/12 y que además fue incorporada en 2014 al relevamiento previsto por la Ley 26.160.

Yanes explicó que durante los últimos meses presentaron diversos escritos para que la comunidad fuera reconocida formalmente dentro del expediente judicial, pero todos fueron rechazados.

“Entendiendo que la demanda no es una cuestión hacia un particular sino una cuestión colectiva, al ser parte de una comunidad, se tiene que aplicar el derecho indígena. Y en ese sentido no se abordó y no fueron dadas por válidas las solicitudes”, señaló.

Según relató, el 2 de marzo de este año se notificó a las familias sobre una inspección ocular destinada a verificar la ocupación del terreno. A partir de entonces, tanto la comunidad como el IPPIS y la Secretaría de Asuntos Indígenas realizaron presentaciones judiciales solicitando participación en el proceso y el reconocimiento de derechos colectivos, aunque ninguna de esas intervenciones prosperó.

Denuncias por el procedimiento

La principal crítica de la comunidad apunta a la forma en que se ejecutó el operativo.

Mientras la orden habría estado vinculada a una familia específica, los referentes denuncian que el despliegue policial terminó afectando a otras seis familias pertenecientes a la comunidad, con retiro de pertenencias y ocupación de espacios no comprendidos originalmente en el litigio.

Al cierre de la jornada, fuentes de Las Pailas aseguraban que el procedimiento continuaba.

“La policía todavía sigue sacando cosas de los hermanos a la ruta”, indicaron pasadas las 19.50.

El episodio vuelve a poner en debate la situación de las comunidades indígenas tras la derogación de la Ley 26.160 y abre interrogantes sobre el alcance de las garantías territoriales reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios