Causa Natalia Cruz: imputan a diez policías por abandonar la custodia y encubrir el femicidio en Quijano

La tragedia de Natalia Cruz, ocurrida el pasado mes de febrero en la localidad de Campo Quijano, sumó un nuevo y gravísimo capítulo judicial que desnuda una red de negligencia, desidia y corrupción institucional dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios y la Fiscalía de Derechos Humanos imputaron formalmente a diez efectivos de la Comisaría N° 7, acusados de haber incumplido deliberadamente la orden judicial que exigía una custodia permanente en el domicilio de la víctima y de montar una escandalosa maniobra de encubrimiento mediante la confección de informes con datos totalmente falsos para tapar su propio abandono de persona.

El aberrante caso, que sacudió profundamente a la sociedad salteña y enlutó al Valle de Lerma, vuelve a poner bajo la lupa la ineficacia de los protocolos de protección estatal frente a las mujeres que gritan pidiendo auxilio ante situaciones de violencia de género. Natalia Cruz, de 37 años, fue asesinada el 17 de febrero en su vivienda ubicada en el barrio Luz y Fuerza a manos de su expareja, Daniel Orlando Serapio. Tras cometer el crimen, el agresor le confesó el hecho a la madre de la víctima y se dio a la fuga, permaneciendo prófugo durante dos largas semanas hasta que finalmente fue localizado y capturado mientras se escondía en una cueva de la precordillera salteña.

Lo más indignante y doloroso de la investigación radica en que Natalia contaba con una medida cautelar dictada por la Justicia que ordenaba una consigna policial fija en su puerta debido al persistente hostigamiento y los reiterados episodios de violencia que sufría por parte del femicida. Sin embargo, las pericias y el avance de la causa demostraron que esa custodia jamás se implementó en la práctica, a pesar de que la dependencia policial se encontraba formalmente notificada de la resolución.

Como si fuera poco, se supo que días antes del ataque, desesperada ante la falta de respuestas y la vulnerabilidad en la que vivía, la propia víctima había viajado hasta la ciudad de Salta para radicar una nueva denuncia y solicitar refuerzos en su seguridad, encontrándose con la desidia institucional de que no había personal disponible para atenderla.

Lejos de asumir la gravedad institucional de haber dejado a la mujer a merced del asesino, la investigación llevada adelante por las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria dejó al descubierto una trama interna de encubrimiento y falsificación documental. De acuerdo con la acusación formal, tras conocerse la noticia del femicidio, las autoridades de la comisaría ordenaron y redactaron un informe policial apócrifo en el que se asentaba mendazmente que la custodia en la vivienda se había estado cumpliendo de manera normal, intentando despejar cualquier sospecha sobre el accionar de la fuerza.

El peso de la ley recayó de manera diferenciada sobre los diez policías involucrados según el grado de participación que tuvieron en el operativo de encubrimiento y omisión. El jefe de la comisaría y el entonces jefe de guardia resultaron imputados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, señalados como los máximos responsables de haber promovido la confección del documento apócrifo y de no haber garantizado bajo ningún aspecto la manda judicial. 

A su vez, un suboficial y un oficial debieron responder penalmente por el delito de falsedad ideológica tras comprobarse que fueron los encargados materiales de redactar, firmar y transmitir la orden para confeccionar el parte mentiroso.

El resto de los efectivos implicados, compuestos por cuatro mujeres y dos hombres que integraban la dotación, fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por abandonar arbitrariamente la zona de cobertura, no adoptar los recaudos básicos para hacer efectiva la protección de la ciudadana y omitir por completo la obligación de alertar a las autoridades judiciales sobre cualquier inconveniente operativo.

La unidad fiscal conjunta constató a lo largo de las pesquisas que estas graves irregularidades no constituyeron un error administrativo aislado, sino que formaban parte de un patrón sistemático de fallas en los controles internos y de desatención generalizada de los protocolos de género vigentes en esa seccional durante los primeros meses del año.

Mientras la Justicia avanza en desentrañar toda la cadena de responsabilidades institucionales que facilitaron este trágico desenlace, el femicida Daniel Orlando Serapio continúa alojado en una unidad carcelaria con prisión preventiva a la espera del juicio oral, al igual que los demás implicados detenidos por encubrir su fuga, mientras los vecinos y familiares de Natalia continúan exigiendo justicia plena y condena social para todos los eslabones de la complicidad estatal.