Tras la presión pública un vecino rural dejó de pagar por mantenimiento inexistente de paneles solares

La visibilidad mediática logró lo que años de gestiones administrativas no pudieron. Julio Espinoza, un habitante de un paraje rural en el departamento de Cachi, consiguió finalmente la baja del cargo por mantenimiento de su sistema de energía solar tras denunciar públicamente que abonó durante más de una década por un servicio técnico que, según afirmó, nunca fue realizado. El caso, que pone en jaque la transparencia del programa PERMER en la provincia, abre interrogantes sobre la situación de miles de familias rurales.

Espinoza, quien reside en una zona aislada donde la red eléctrica convencional no llega, dependía exclusivamente del panel solar instalado por el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER). Sin embargo, la supuesta asistencia técnica se convirtió en una carga económica persistente. Durante 13 años, el vecino reclamó ante diversas autoridades, desde intendentes y concejales hasta legisladores provinciales, sin obtener respuestas concretas. Fue recién tras exponer su historia en Canal 7 Salta que el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta tomó contacto con él para sellar un acuerdo.

Tras una extensa conversación con un directivo del ente, se acordó dar de baja el cargo de mantenimiento a cambio de que Espinoza asuma de ahora en adelante la responsabilidad por cualquier reparación o reemplazo de los componentes de su equipo, como baterías, paneles o reguladores. Si bien esta solución particular dejó conforme al vecino, el resultado del conflicto ha dejado instalada una serie de dudas sobre la gestión integral de estos sistemas en toda la provincia.

El vecino sostuvo que durante años pagó un abono sin recibir una sola visita técnica. A raíz de ello, planteó la necesidad de que las autoridades determinen cuántas familias están en la misma situación, qué trabajos se suponía que debían cubrir esos pagos y con qué periodicidad. Además, instó a revisar la propiedad legal de los equipos entregados: si pertenecen a la Provincia, al Estado nacional o si funcionan bajo una figura de comodato que los usuarios desconocen.

Las estimaciones actuales sugieren que un sistema fotovoltaico de 200 Wp —suficiente para iluminación LED, carga de celulares y radio, pero insuficiente para electrodomésticos de alto consumo— tendría un valor de mercado que oscila entre los 700.000 y 1.400.000 pesos. Ante estas cifras, Espinoza cuestionó si los montos acumulados por los usuarios durante tantos años no habrían superado ampliamente el valor real del equipamiento entregado.

Por lo pronto, el Ente Regulador no ha emitido una respuesta pública ni ha informado si se realizará una auditoría sobre el programa en otras localidades salteñas. Ante este escenario de incertidumbre, Espinoza recomendó a otros beneficiarios que atraviesen situaciones similares presentar reclamos formales ante el ente, asegurándose de conservar toda la documentación, facturas y registros de las gestiones previas. La experiencia de este vecino de Cachi se suma a una larga lista de inquietudes sobre cómo se garantizan los servicios esenciales en las zonas más dispersas de la provincia, donde la tecnología solar, lejos de ser una solución definitiva, a veces se transforma en un nuevo foco de conflicto administrativo.