Galleguillos exige el cumplimiento de una ley que ya otorga ámplios beneficios

La diputada Griselda Galleguillos presentó un proyecto de declaración para que el Ejecutivo garantice la aplicación de la Ley de Promoción Minera. Sin embargo, el sector ya goza de un régimen de privilegios fiscales y exenciones que rigen plenamente, lo que pone bajo la lupa la verdadera intención de la iniciativa en un contexto de nulo avance legislativo.

La Cámara de Diputados recibió un proyecto de declaración de autoría de la diputada Griselda Galleguillos (Expediente Nº 91-53.793/26), mediante el cual solicita que el Ministerio de Producción y Minería garantice el cumplimiento de la Ley 8164, denominada “Ley de Promoción Minera”. La iniciativa surge en un momento donde la minería es el sector con mayores incentivos en la provincia, lo que genera interrogantes sobre el trasfondo de un pedido que reclama vigencia para normas que ya forman parte de la estructura de beneficios permanente del sector.

La Ley 8164 no es un texto olvidado; por el contrario, es el marco que permite a las empresas mineras acceder a exenciones impositivas, estabilidad fiscal y regímenes de fomento que el propio Gobierno provincial promociona activamente en foros internacionales. El planteo de Galleguillos omite mencionar que la promoción minera en Salta no solo existe, sino que es uno de los pilares de la política económica actual, con un flujo constante de inversiones que se asientan, justamente, sobre las garantías que esta ley ya ofrece.

El proyecto de la legisladora monobloque carece hasta el momento de dictámenes en las comisiones de Minería y de Hacienda y Presupuesto, lo que evidencia una falta de sustento técnico o de acompañamiento por parte de sus pares. En el ámbito legislativo, este tipo de declaraciones son vistas a menudo como movimientos de posicionamiento mediático que no aportan soluciones concretas, especialmente cuando se exige el "cumplimiento" de normativas que son el corazón de la actividad económica más subsidiada y protegida de la región.

Mientras Salta se posiciona como un destino líder para el litio y el cobre gracias a los beneficios de la Ley 8164, la iniciativa de Galleguillos parece ignorar la realidad operativa del sector. En lugar de proponer ajustes o nuevos controles, el proyecto se limita a una expresión de deseos sobre una estructura que ya funciona a pleno, alimentando la sospecha de que se trata de una estrategia para ganar visibilidad sin entrar en la discusión de fondo sobre la renta minera y su verdadero impacto en las arcas provinciales.