Denuncian una crisis carcelaria sin control: aumentaron un 200% los casos de maltrato policial en Salta

General08/07/2026 Derechos Humanos y cárceles
Penal

El Informe Anual 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura revela una emergencia estructural en el sistema penitenciario de Salta, denunciando condiciones de hacinamiento crítico, un aumento del 200% en las denuncias por malos tratos y la falta de presupuesto estatal para el monitoreo de los establecimientos.

El sistema penitenciario de Salta cerró el año 2025 con un escenario desolador. Según los datos del organismo, al 9 de diciembre había 3.938 personas privadas de su libertad, mientras que la capacidad real, ajustada a estándares internacionales de habitabilidad, es de solo 1.621 plazas. Esta brecha arroja una sobrepoblación real del 142,94%, cifra que en lugares como la Alcaidía N°2 de Tartagal trepa hasta un alarmante 900%.

Esta crisis no es solo estadística, sino que se traduce en tragedias humanas. El informe contabiliza cinco muertes bajo custodia durante 2025. Entre estos casos destaca la muerte de Ezequiel Fernando Avendaño Laime, quien falleció tras un incendio en una celda de la Alcaidía General N°1 —un sector diseñado para ocho personas que albergaba a 25 detenidos—, sin llegar a enterarse de que se le había otorgado la libertad condicional.

La violencia institucional también aparece como un eje central del reporte. En el bienio 2024-2025, las denuncias penales por torturas o malos tratos presentadas ante la Fiscalía de Derechos Humanos aumentaron un 200%, aunque el Comité advierte con preocupación que, en la mayoría de los casos, los expedientes no presentan avances significativos. Asimismo, el 80% de los internos trasladados de centro denunció haber sufrido amenazas y tratos rigurosos durante los traslados.

Finalmente, el Comité denunció la desidia estatal en el propio control de estas irregularidades. A pesar de la gravedad de los hechos, el organismo señaló que continúa operando sin un presupuesto propio ni el personal suficiente para cumplir con su mandato de monitoreo preventivo, lo que limita su capacidad de intervenir en un sistema que, según los especialistas, se encuentra al borde del colapso.

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