Muchos espacios y organizaciones sociales mostraron preocupación frente al proyecto al entender que, con el objetivo de revincular los lazos entre el hijo y su progenitor, no considera la posibilidad de existencia de adultos que pudieran ejercer violencias contra las infancias invalidando así la voluntad del menor contrariamente a lo que dice la Ley Nº 23.849 en su artículo 9 sobre los Derechos del Niño.
General 04/04/2023 Redacción
El proyecto pertenece al senador Jorge Emiliano Durand y fue aprobado en la cámara alta el 17 de noviembre por lo que pasó a la cámara baja -diputados- para su revisión y regresó al senado el 30 de marzo de este año para ser aprobado. "Busca garantizar derechos de en niños tras el rompimiento de una pareja, de un matrimonio. Va a inscribir a aquellos progenitores convivientes con el menor que impidan el contacto con el no conviviente en aquellos casos que hubiese una orden judicial para su inscripción o un convenio homologado de visitas ante el Poder Judicial", detalló el autor del proyecto.
El registro enumerará una serie de sanciones a partir de su promulgación: quienes cometan este delito y estén inscriptos en este Registro van a encontrarse inhabilitados para cubrir vacantes en la administración pública, para ocupar vacantes en cargos electivos, para ser magistrados o funcionarios del Poder Judicial, proveedores del Estado u obtener créditos del mismo", especificó Durand.
A partir de estas resoluciones se dispararon una serie de cuestionamientos y la polémica no tardó en centrarse en la finalidad e importancia. Federico Dada, director de Conectados Argentina Lab mostró gran preocupación y afirmó que “el proyecto no contempla un estudio pormenorizado sobre el caso de cada niña o niño”.
Dada, quien trabajó con niños y adolescentes sobre el ámbito de la violencia digital, señaló que “el proyecto, bajo el fin noble de revincular al padre con el hijo, puede esconder situaciones de injusticias o la protección legal de casos de pedofilia ya que la ley se lo permite”.
Todas aquellas personas que se encuentran en el Registro de Obstructores de Lazos Familiares, estarán inhabilitadas para desempeñarse en la función pública, ser beneficiarios de subsidios o cualquier otra ayuda financiera por parte del estado provincial como así también al acceso a la vivienda. Además el registro deberá publicar una actualización de la nómina completa en alguna página web habilitada y en el Boletín Oficial al menos una vez cada 6 meses.
Reacciones al proyecto
Muchos espacios y organizaciones sociales mostraron su preocupación frente a este proyecto al entender que el mismo no considera la posibilidad de existencia de adultos que pudieran ejercer violencias contra las infancias invalidando así la voluntad del menor contrariamente a lo que dice la Ley N.º 23.849 en su artículo 9 sobre los Derechos del Niño.
Por otra parte RONAT (Red de Organizaciones sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales) presentó una nota de repudio en la Cámara de Senadores donde marca la mirada adulto centrista del proyecto priorizando los interese de los adultos por sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, como así también la recomendación de la defensoría nacional de los derechos donde expresa que, en todos aquellos casos en los que existan denuncias por abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, los organismos del Estado deben tramitar estas causas de manera integral, teniendo en cuenta todos los antecedentes administrativos y judiciales con una perspectiva que garantice los derechos de la víctima; reconocer el relato que sobre los hechos realizan las niñas o niños víctimas del abuso sexual infantil, teniendo en consideración su padecimiento y los deseos o sentimientos respecto de su agresor.
A estos reclamos se sumaron también la diputada nacional Mónica Macha que en su proyecto de declaración frente a la cámara de diputados de la nación expresó que “se correría un alto riesgo de estar obligando a niñxs a vincularse con quienes han cometido abusos sexuales contra ellos, en tanto ese delito llegara a comprobarse y a efectivizar una eventual sentencia, proceso que puede llevar un largo tiempo, incluso años”.
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