El negocio perfecto: las mineras exigen el RIGI, rebaja de tasas y que el Estado les capacite al personal

Detrás de las sonrisas protocolares y las fotos oficiales en la Legislatura, la última reunión ampliada de la comisión de Minería del Senado salteño desnudó la verdadera y voraz matriz del sector corporativo en la Puna. Mientras los senadores intentaron tímidamente pedir explicaciones por el sistemático incumplimiento de las leyes que exigen contratar mano de obra y pymes locales, los directivos de la Cámara de Minería de Salta (que nuclea a gigantes como Gangfeng, Río Tinto y Posco) armaron una contraofensiva de exigencias: demandaron rebajas en las tasas de exploración, "agilidad" en los permisos ambientales y que el sector público les pavimente las rutas y les monte las redes energéticas. 

La paradoja quedó expuesta sobre la mesa: las multinacionales que se acogieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para no pagar aranceles ni dejar un solo peso de regalías extraordinarias en el país, ahora pretenden que el Estado actúe como su empleado de mantenimiento y su agencia de recursos humanos gratuita.

La preocupación de los legisladores apuntó a una trampa habitual en los yacimientos: las grandes mineras contratan de forma directa a subcontratistas foráneas (de Buenos Aires, Córdoba o el extranjero) que ignoran por completo a los desocupados de los departamentos de San Antonio de los Cobres o Los Andes. Para colmo de males, el senador Daniel Moreno destapó un escándalo demográfico y electoral: trabajadores de otras provincias realizan "cambios de domicilio" exprés en localidades vulnerables como Tolar Grande para figurar falsamente como "mano de obra local" en las planillas estatales, burlando el espíritu de las ordenanzas de cupo.

La respuesta de las mineras rozó el cinismo; firmas como Posco Argentina reconocieron que no encuentran personal calificado en la región, trasladándole la culpa a la falta de formación de los salteños y forzando a que las universidades públicas (UNSa, UPATECO) corran a diseñar trayectos técnicos específicos para que las corporaciones tengan, finalmente, personal listo para producir.

En el plano fiscal, la voracidad empresarial no mostró límites. El senador Roque Cornejo indagó sobre los beneficios del RIGI y los empresarios confirmaron con total soltura que proyectos como Posco, Abra Silver y Río Tinto ya lo están aplicando para blindar sus ganancias de cualquier tipo de impuesto nacional. No conformes con el paraíso fiscal que les regaló la Casa Rosada, los ejecutivos advirtieron de forma extorsiva que las tasas provinciales de exploración en Salta vencen en diciembre de 2026 y que si la Legislatura no baja la unidad tributaria de prospección, los capitales podrían migrar a otras provincias vecinas con "mejores condiciones".

El mensaje de la Cámara de Minería fue clarísimo: exigen que la provincia resuelva los cuellos de botella del RIGI (como la migración de CUIT ante Nación) y que reduzca al mínimo sus propios tributos locales bajo la eterna promesa del derrame económico. La desinversión privada quedó en evidencia al tratarse la infraestructura vial del departamento Los Andes. Ejecutivos de Mansfield expusieron que las deficiencias de la icónica Ruta Nacional 51 paralizan sus maquinarias, pero la solución empresaria no es invertir sus ganancias extraordinarias en las trazas, sino presionar para que el Estado les delegue la administración mediante "consorcios camineros".

Esto les permite intervenir de forma directa las rutas provinciales 27 y 129 —que conectan el Salar de Pocitos con Taca Taca— manejando los caminos públicos como si fuesen pasarelas privadas de sus campamentos. Al cierre del encuentro, mientras el senador Gonzalo Caro Dávalos prometió endurecer los controles de absorción laboral, la Mesa Minera se retiró habiendo dejado en claro su pliego de condiciones: quieren exenciones impositivas totales, rutas financiadas por los contribuyentes y que el sistema educativo salteño les subsidie el entrenamiento de sus operarios, confirmando que en el modelo minero actual, el Estado asume todos los costos y las multinacionales se llevan todas las riquezas.