Las Pailas no se toca: la comunidad consiguió que 60 personas vuelvan a sus territorios

El accionar de la jueza María Diez Barrantes quedó en el centro de la polémica luego de que un desalojo avanzara más allá de las cuatro hectáreas autorizadas. Tras dos semanas de reclamos en Cachi y la capital salteña, la Justicia revirtió la medida y restituirá las tierras afectadas.

La conflictividad territorial en Las Pailas volvió a exponer las tensiones entre el derecho de propiedad y los derechos de las comunidades indígenas. Según la abogada Verónica Huber, parte la defensa de la comunidad Diaguita Calchaquí, el conflicto se originó en un oficio judicial que excedió el alcance de una sentencia dictada en 2013, que ordenaba el desalojo de una fracción de cuatro hectáreas y no de la totalidad de la matrícula 1025, como finalmente sucedió.

Huber señaló a El Tintero que "a partir del año 2009, cuando se sanciona la ley 26.160, muchas personas que tienen escrituras pero nunca tuvieron la posesión como en este caso, la familia Wayar, adquirió tierras por donación de la provincia a mediados del siglo pasado, tierras que siempre estuvieron habitadas por comunidades calchaquíes".

Agregó que "cuando se sancionó la ley, estos titulares registrales, tenían las escrituras pero nunca habían tenido la posesión; se aprovecharon del desconocimiento legal", en alusión a la familia que las reclamó y una realidad dolorosa y de aprovechamiento. "Casos en que algunas personas fueron a la escuela, aprendieron a escribir su nombre y nunca más leyeron ni escribieron, y les hicieron firmar contratos por pastajes o arriendos inexistentes, para ahí nomás iniciarle juicios de desalojo por esos mismos contratos".

La firma de la jueza Diez Barrantes derivó en un brutal operativo policial que terminó con el desalojo de 60 integrantes de la comunidad, entre ellos 18 niños, 1 persona con discapacidad, 4 adultos mayores y 40 hectáreas demás. 

Tras permanecer dos semanas fuera de sus casas, aún con temperaturas bajo cero, y luego de realizar un planteo de nulidad, la Justicia ordenó restituir los terrenos comprendidos fuera del límite fijado por la sentencia original.

La comunidad logró anoche que la Justicia salteña diera marcha atrás abriendo la puerta a futuras demandas por daños y perjuicios contra los responsables de este atropello institucional que ocasionó daños perjudiciales a la salud mental de éstas personas.

Para la defensa técnica de la comunidad, la resolución firmada por la jueza María Diez Barrantes modificó en los hechos el alcance del fallo de 2013 al disponer la ejecución sobre toda la matrícula. Esa interpretación es la que motivó el pedido de nulidad y las posteriores protestas realizadas en Cachi y Salta.

¿Qué pasó?

El conflicto estalló en marzo de este año cuando los titulares registrales reactivaron sorpresivamente el trámite. En una resolución escandalosa, la magistrada interviniente rechazó la participación de la comunidad, ignoró el planteo de prescripción y firmó un oficio de ejecución que alteró drásticamente el fallo original de 2013. En lugar de limitar la orden a las 4 hectáreas de rastrojos estipuladas en la sentencia, la jueza ordenó vaciar y entregar la totalidad de la matrícula 1025 a Florencia Wayar. El territorio jamás fue sometido a debate judicial.

Durante dos semanas de angustia, y a pesar de que la jueza rechazó inicialmente el pedido de nulidad alegando que los expulsados "no tenían derecho a reclamar nada", las familias debieron sobrevivir en refugios improvisados e inadecuados soportando el crudo invierno vallisto.

La presión comunitaria y la flagrancia del error judicial, forzaron a la Justicia a emitir una orden de restitución inmediata de todas las casas y terrenos que excedieron las 4 hectáreas del litigio original. Aunque las familias celebran este primer paso fundamental en la defensa de su territorio ancestral, Huber confirmó que la batalla legal apenas comienza. El equipo jurídico ya planifica acciones de fondo para que se reconozca el relevamiento territorial posterior a la sentencia que otorga la posesión definitiva a la comunidad y garantizar así el título de propiedad comunitaria.

La abogada anticipó que iniciarán demandas por daños y perjuicios de gravedad extrema, debido al daño físico y psicológico irreparable infligido a los niños y ancianos que fueron sometidos a la intemperie invernal por culpa de una orden dictada desde la comodidad de un despacho.