Imputan a la dueña del predio por la fiesta en la Quebrada de las Conchas

La investigación por la fiesta organizada en una reserva protegida sumó un capítulo clave. El fiscal Pablo Paz imputó a Lucía Grajales Soriano, propietaria del terreno en La Punilla dentro de la reserva natural, por realizar un evento con fines de lucro sin habilitaciones municipales ni provinciales. La defensa intenta culpar a los organizadores por la documentación falsa.

El "sí, quiero" más caro de la historia de Cafayate sigue generando coletazos judiciales. La Unidad Fiscal Contravencional formalizó la imputación contra la dueña del predio de 36 años, acusándola de infringir la Ley Contravencional al ceder un área protegida para un evento masivo sin contar con un solo permiso real. Lo que en las redes sociales se vio como una boda de ensueño, para la justicia es una maniobra de lucro ilegal que puso en riesgo el patrimonio natural de Salta.

La causa se destapó casi de casualidad, cuando el secretario de Gobierno de Cafayate vio en redes el despliegue de estructuras técnicas y luces en la zona de La Punilla. Al llegar la policía, la responsable solo mostró una póliza de seguro y prometió papeles que nunca aparecieron. Hoy, la fiscalía sostiene que la imputada permitió el montaje de este "Cafayate Fest" a sabiendas de que no existía el Certificado de Aptitud Ambiental ni la habilitación municipal correspondiente.

La defensa del "yo no fui"

Durante la audiencia, Grajales Soriano presentó un descargo por escrito intentando desligarse de la responsabilidad administrativa. Según su versión, ella solo prestó el lugar y la "organización integral" —incluyendo la gestión de permisos— estuvo a cargo de terceros. Incluso llegó a declarar que los organizadores le entregaron una supuesta autorización ambiental que terminó siendo falsa.

La dueña del predio aseguró haber dado aviso a guardaparques y a la policía, afirmando que "no se registraron daños" en el entorno. Sin embargo, los testimonios del Secretario y Subsecretario de Ambiente de la Provincia fueron demoledores: el evento no contaba con autorización formal al momento de realizarse. Si bien estas actividades pueden permitirse, el trámite previo es ineludible para garantizar que no se destruya el paisaje que hace única a la Quebrada.

Más allá de la multa contravencional, el fantasma de la falsificación de documentos públicos sobrevuela la causa. Si se comprueba que hubo una orquestación para simular permisos estatales, las penas podrían llegar hasta los 6 años de prisión. Mientras tanto, el municipio de Cafayate busca sentar un precedente para que la Quebrada de las Conchas deje de ser el salón de fiestas privado de quienes creen que la billetera los exime de cuidar el medio ambiente.

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