Casamiento Vip, los Pocovi y el poder

La boda de Federico Marán y Nicole Pocovi en la reserva natural de La Quebrada de las Conchas en Cafayate, abrió sin querer una ventana que dejó en los primeros planos a una familia bien posicionada y con denuncias por desmontes en tierras del norte, inclusive, denunciada por contrabando de palo santo.

Para entender la trama subyacente de los intereses alrededor de la familia de la novia conviene tener en cuenta dos firmas: La Jojoba S.A. y Tierra Vasca S.A. La primera, nació en 2006 y la segunda en 2007. Ambas firmas pertenecen a Marcelo y Jorge Alberto Pocovi, padre y tío de Nicole, y tienen como fin la explotación agropecuaria, agrícola, ganadera y forestal.

En 2007, los hermanos solicitaron a través de su ingeniero forestal, Gustavo Paul, a la secretaría de Ambiente permiso para desmontar más de 28 mil hectáreas para producción agro-ganadera. La superficie involucrada superaba la extensión de la Ciudad de Buenos de Buenos Aires en kilómetros cuadrados. Tamaño pedido recibió el rechazo de la Secretaría, Greenpeace, la Defensoría del Pueblo y organizaciones ambientales.

Enroque 

Las contingencias llevarían a que luego de estar a disposición de los Poccovi en Tierra Vasca, Paul pasó de la actividad privada a la pública: primero como subsecretario de Defensa Civil de Salta, cargo que ocupó hasta 2012, cuando renunció para asumir como máximo responsable de la secretaría de Ambiente de la provincia.

No fue el único que cruzó por la puerta giratoria: Cristian Heraldo Gribaudo, quien había sido jefe jurídico de la cartera ambiental durante el gobierno de Romero, pasaría a ser apoderado de Tierra Vasca, y fue quien en ese año, 2012, presentó nuevamente el pedido de desmonte en la secretaría que ahora estaba a cargo de Paul. Otra exempleada de la mencionada firma, Natalia Rangeon, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave: directora general de Planificación Territorial de la secretaría de Ambiente.

Para los que suelen conjeturar de más, las influencias de los hermanos Pocovi lograron posicionar a hombres de confianza en altos mandos de decisión. Para otros, más prudentes por cierto, fueron esmerados profesionales que prestaron servicios y se desvincularon definitivamente.

Contrabando

En 2018, el juez federal Sebastián Casanello procesó a 14 personas. En su resolución, el magistrado señaló como actores centrales a tres exfuncionarios vinculados previamente a las empresas del grupo Pocovi, entre otras, y funcionarios de la Ambiente.

Según surge del fallo, la maniobra habría incluido la adulteración del origen real de los árboles en la documentación oficial, lo que permitía dar apariencia legal a la extracción y comercialización de una especie protegida.

La investigación apuntó a un esquema que habría permitido extraer y comercializar madera mediante documentación presuntamente irregular. Entre los procesados aparecen nombres que vuelven una y otra vez en esta trama: Pocovi, Paul y Gribaudo.

En agosto de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un acuerdo de reparación que buscaba cerrar el expediente, una decisión que dejó el caso abierto y bajo investigación por falsificación de documentos y tala clandestina.

Según la reconstrucción judicial, el mecanismo habría sido relativamente simple: falsificar guías ambientales, documentos que emite la Secretaría de Ambiente para certificar el origen legal de los recursos forestales.  Los hechos investigados se remontan al período en que la cartera ambiental provincial estaba bajo la órbita de Gustavo Paul, quien antes había trabajado como representante  de Tierra Vasca.

En 2018,  en la zona de Rivadavia Banda Sur y Orán, estalló una disputa por tierras entre la finca Las Colmenas. El expediente acumuló denuncias por usurpación, robo y hurto, y en uno de los episodios incluso se registraron disparos con armas de fuego.

La investigación quedó en manos de la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, y ese mismo año cuatro empleados vinculados a Tierra Vasca S.A. fueron imputados por amenazas con armas de fuego, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Casamiento Vip

La celebración duró cuatro días. El 20 de marzo empezaron a llegar los invitados a Salta. El 21 se hizo el “pre wedding” en la bodega El Porvenir de Cafayate, vinculada a la familia Romero. El 22 estuvo dedicado a paseos y actividades turísticas por los Valles Calchaquíes. Y el cierre fue el 23 de marzo, con la ceremonia principal en plena Quebrada de las Conchas, una zona que forma parte del área natural protegida. El feriado del 24 de marzo demoró el movimiento administrativo, pero ese mismo día empezaron a circular fotos y videos del festejo que confirmaban algo bastante evidente: la fiesta se había hecho dentro del área protegida.

La causa tomó curso formalmente el 25 de marzo.  y la investigación quedó en manos de la fiscal Sandra Rojas, que ahora intenta responder dos preguntas bastante concretas: si el permiso presentado es auténtico y si hubo daño ambiental por el uso del lugar.

Hay otro dato que  no se comenta: la supuesta nota de autorización tiene fecha de un momento bastante particular dentro de la administración pública: el período en el que todos los funcionarios habían presentado su renuncia, algo que suele ocurrir cuando se reorganiza el gabinete o cambia una gestión. En esos días se genera una especie de vacío administrativo, con cargos en transición y firmas que muchas veces quedan en revisión. 

El terreno donde se hizo la ceremonia figura a nombre de la ignota Lucía Grajales Soriano. Pero en la organización del evento aparece como cliente la familia Marán- Pocovi, con quien mejor no menoscabar su buen nombre.

El padre de la novia es Marcelo Pocovi, conocido además por su vínculo con la familia Menem: tuvo un hijo con Zulemita Menem, de quien es su ex pareja. A su vez, los hermanos Kevin y Alan Pocovi mantienen relaciones comerciales con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los resentidos suelen decir que los chetos no piden permiso, sobre todo para culparlos y sentirse moralmente superiores. Aunque sea inestimable el daño ambiental que hicieron, por ahora la buena fe, les cabe perfectamente.