Alerta en Salta por el posible fin de "Volver al Trabajo": 20.000 familias perderían su único ingreso fijo

El tejido social del norte provincial se encuentra al borde de una ruptura definitiva. Tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín que revoca la cautelar que protegía los pagos del programa "Volver al Trabajo", más de 900.000 trabajadores de la economía popular en todo el país podrían dejar de percibir su asignación mensual a partir de agosto. 

En Salta, el impacto es directo y devastador: se estima que cerca de 20.000 familias perderán un ingreso de aproximadamente 78.000 pesos, una suma que, aunque insuficiente para cubrir la canasta básica, constituye el último salvavidas económico para miles de hogares. José "Jocha" Castro, dirigente social del norte provincial, fue contundente al calificar esta medida como una "puñalada de muerte" para la población más postergada.

"Es dinero circulante que va directo al almacén, a la farmacia o a la librería del barrio"

Según explicó, la decisión del Gobierno nacional no solo golpea a los beneficiarios directos, sino que desata una reacción en cadena que destruirá aún más el precario equilibrio de las economías locales. "Es dinero circulante que va directo al almacén, a la farmacia o a la librería del barrio. Quitarlo es quitar poder adquisitivo cuando ya está por el suelo, provocando una bola de nieve gigante que perjudica a la economía, a los comercios de cercanía y, finalmente, a la recaudación de los municipios", advirtió el dirigente.

La descripción del territorio que hace Castro es escalofriante. Con un Estado que, según su denuncia, se encuentra "totalmente retirado", la crisis ha desbordado los comedores comunitarios y ha empujado a los ciudadanos hacia situaciones de extrema precariedad. El dirigente señaló que cada vez son más las personas que deben aceptar trabajos rurales en condiciones de explotación, donde se perciben apenas entre 18.000 y 22.000 pesos por jornadas agotadoras de hasta doce horas en las fincas de la región.

"Vemos el aumento de mucha gente que se pone a vender droga en sus hogares como una salida laboral, lo cual está destruyendo a muchísimos jóvenes y adultos de las comunidades", denunció Castro.

Sin embargo, la realidad más cruda se palpa en el crecimiento sostenido de personas revolviendo basura en los basurales locales en busca de sustento. Ante la falta de alternativas laborales genuinas y la ausencia de asistencia estatal, el narcomenudeo ha comenzado a instalarse en los barrios como una salida desesperada. "Vemos el aumento de mucha gente que se pone a vender droga en sus hogares como una salida laboral, lo cual está destruyendo a muchísimos jóvenes y adultos de las comunidades", denunció Castro, advirtiendo sobre las consecuencias sociales irreversibles de este avance delictivo.

El dirigente social cuestionó duramente la legalidad de la medida, recordando que este ingreso complementario nació al amparo de la Ley de Emergencia Social de 2016, votada por unanimidad. Para Castro, la sustitución de esta asistencia por supuestos "vouchers" de capacitación destinados a empresas es una maniobra que ignora la realidad de los trabajadores de la economía popular.

"Son trabajadores y deben tener derechos como cualquier otro; pretenden pasar por encima de una ley que reconoce su labor", afirmó.

Ante este panorama, la preocupación se traslada también a las arcas provinciales y municipales. La caída del consumo provocada por el fin de estas transferencias reducirá la recaudación y, por ende, los fondos coparticipables, dejando a los gobiernos locales sin margen de maniobra para contener la explosión de la demanda social. El norte de Salta se prepara para un agosto marcado por la incertidumbre, donde la pérdida de este ingreso mínimo podría ser el catalizador de una crisis social de alcances imprevisibles.