Piden 7 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el exintendente "Kila" Gonza

La fiscalía desnudó un esquema de desvío de fondos, compras sin licitación y un manejo "oscuro" de las arcas públicas durante su gestión en el municipio vecino.

El cerco judicial sobre Ernesto "Kila" Gonza parece cerrarse definitivamente. Este martes, la fiscal penal Claudia Geria solicitó una pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para el exintendente de San Lorenzo, tras considerar probada una serie de delitos sistemáticos contra la administración pública. La acusación, que incluye peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, describe una gestión municipal caracterizada por el desorden administrativo y el uso discrecional de fondos que debían tener destinos específicos pero terminaron diluyéndose en compras sin respaldo legal.

Las pericias contables presentadas durante el juicio fueron demoledoras y revelaron un "modus operandi" que eludía cualquier tipo de control estatal. Según la fiscalía, bajo el mando de Gonza se realizaron adquisiciones de bienes de alto valor —como tablets y camionetas— sin pasar por los procesos de licitación correspondientes, además del uso extendido de dinero en efectivo y vales sin documentación que justificara el gasto. El pedido de condena no solo alcanza al exjefe comunal, sino que se extiende a su círculo íntimo de confianza: se solicitaron 6 años de prisión para el exsecretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, y 4 años para Aldo Gonza, señalando una responsabilidad compartida en el vaciamiento de las arcas de San Lorenzo.

Uno de los puntos más polémicos del alegato fiscal fue la solicitud de inhabilitación absoluta y perpetua para que "Kila" Gonza vuelva a ejercer cargos públicos. Esta medida busca unificar penas con condenas anteriores, poniendo bajo la lupa la anomalía política que permitió que Gonza asumiera como concejal a pesar de sus antecedentes. Para la fiscalía, la demora judicial ha sido un factor que el exintendente utilizó para reciclarse políticamente, algo que este veredicto pretende clausurar de forma definitiva para "resguardar la fe pública y la ética en el ejercicio del poder".

Con los alegatos finalizados y las pruebas de las irregularidades sobre la mesa —que incluyen la ausencia total de inventarios y el desvío de fondos específicos—, la comunidad de San Lorenzo aguarda ahora la deliberación del tribunal. El veredicto no solo determinará el futuro personal de Gonza, sino que funcionará como un mensaje institucional sobre la impunidad de los intendentes que confunden el tesoro municipal con el bolsillo propio. La sentencia final se conocerá en las próximas horas, marcando quizás el fin de una era de sombras en la política del municipio veraniego.