Discapacidad en emergencia: el ajuste invisible que deja a miles de familias salteñas a la deriva

Mientras Nación otorga un aumento irrisorio del 2,9%, el costo del transporte y las terapias se dispara. Las obras sociales apelan los fallos judiciales y el Estado se retira de su rol de contención.

La situación del colectivo de discapacidad en Salta ha pasado de la alerta a la desesperación. En un contexto donde los servicios básicos y el transporte no dejan de subir, el Gobierno nacional ha respondido con un incremento del 2,9% en las prestaciones, una cifra que Luis González, de Padres TEA, calificó directamente como un "abandono sistemático". Este porcentaje, que no llega a cubrir ni una fracción de la inflación mensual, condena a los centros de rehabilitación al cierre y a las familias a la interrupción de tratamientos vitales que son, en muchos casos, el único puente hacia una vida digna.

El impacto del precio de los combustibles y los constantes tarifazos en el transporte han vuelto "prácticamente imposible" sostener el traslado a los espacios de rehabilitación. No se trata solo de un problema logístico; es una barrera económica que segrega a quienes más apoyo necesitan. A esto se suma un perverso juego legal: aunque se logró judicializar la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, las familias se encuentran con la pared de las obras sociales y el propio Estado, que utilizan las apelaciones constantes como una estrategia de desgaste para no brindar respuestas efectivas.

La falta de políticas claras ha empujado a los padres y tutores a una situación límite. Ante la ausencia de un Estado que garantice derechos básicos, la única salida que encuentran es la autogestión y la creación de comunidades de contención. Es el retorno a la solidaridad vecinal como último refugio frente a un modelo que parece considerar a la discapacidad como un gasto prescindible en la planilla de Excel del déficit cero.

Este abandono no es solo una omisión administrativa; es una decisión política que tiene consecuencias humanas devastadoras. Mientras los funcionarios nacionales se jactan de los recortes, en Salta las familias deben elegir entre pagar el colectivo para ir a terapia o comprar los medicamentos. Si la única respuesta del sistema es la apelación judicial y el silencio, estamos ante un vaciamiento ético que deja a los sectores más vulnerables encadenados a la desidia oficial.