¿Negocio o impunidad? El cinismo de la Cámara de Turismo tras el escándalo de la boda ilegal en Cafayate

Mientras la Justicia investiga falsificación de documentos y daños ambientales, desde el sector privado piden "capitalizar" el evento. ¿La Quebrada de las Conchas es una reserva o un salón de fiestas para el mejor postor?

Lo que para cualquier ciudadano común es un delito ambiental y una estafa procesal, para la cúpula de la Cámara de Turismo de Salta parece ser una "oportunidad de mercado". En una demostración de cinismo difícil de igualar, el vicepresidente de la entidad, Mariano García Cainzo, ensayó una defensa estratégica de lo ocurrido en la Quebrada de las Conchas, sugiriendo que el escándalo de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran debe servir para "posicionar a Salta en un segmento de alto impacto".

En criollo: no importa que hayan truchado la firma de un funcionario o que hayan invadido un área protegida, lo que importa es que "las fotos salieron lindas" y se viralizaron.

Es alarmante que, mientras la fiscalía de Cafayate intenta determinar responsabilidades por el uso de documentos apócrifos y un montaje logístico que violó todas las leyes de protección ambiental, el referente turístico elija mirar para otro lado. Según García Cainzo, el hecho de que no hubiera permisos "está fuera de discusión", para pasar rápidamente a lo que realmente le interesa al sector: convertir nuestros paisajes protegidos en un producto "innovador y competitivo a nivel internacional". Bajo esta lógica, la legalidad es un detalle molesto que interrumpe una buena sesión de fotos para Instagram.

La propuesta de "crear espacios habilitados" para este tipo de eventos suena más a un intento de legalizar el atropello que a una planificación seria. Hablar de "visibilidad lograda" gracias a un acto ilegal es, cuanto menos, un insulto a los salteños que respetan las normas de convivencia y conservación. ¿Desde cuándo una infracción penal es una herramienta de promoción turística? Si el "desafío" es transformar un escándalo de impunidad en una política sostenida, entonces Salta está a un paso de ponerle precio a cada rincón de su patrimonio natural para que cualquier millonario con Photoshop pueda montar su altar privado.

La postura de la Cámara de Turismo deja al desnudo una mentalidad donde el paisaje es solo una mercancía y la ley, una sugerencia. Si la "oportunidad enorme" surge de un evento que burló al Registro Civil y a la Secretaría de Ambiente, entonces el mensaje es claro: en Salta, el que tiene plata no pide permiso, pide presupuesto para el catering.

Mientras los funcionarios se rasgan las vestiduras hablando de protección ambiental, sus socios del sector privado ya están repartiendo las tarjetas de invitación para el próximo "evento de alto impacto" en el medio de nuestra reserva.