Boda VIP en la Quebrada: la impunidad de los de afuera y el circo del documento trucho

Ni el Registro Civil, ni Ambiente, ni el sentido común. Una pareja de Buenos Aires montó un evento ilegal en plena reserva natural usando papeles falsificados y una logística que se burla de las leyes salteñas.

Lo que empezó como una boda "soñada" y viral en las redes sociales de Nicole Pocoví y Federico Maran, terminó convirtiéndose en una bofetada a la institucionalidad de la provincia. El casamiento celebrado el pasado 23 de marzo en el corazón de la Quebrada de las Conchas no fue solo un evento de mal gusto estético en medio de un patrimonio natural; fue un ejercicio de impunidad ejecutado por ciudadanos con domicilio en Buenos Aires que creen que el territorio salteño es un set de filmación donde las leyes de protección ambiental son opcionales.

Hoy, la Justicia investiga un escándalo que suma capítulos de falsificación de documentos públicos y una logística que el propio Gobierno califica como "fuera de lo normal". El nivel de descaro es inédito. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Alejandro Andazábal, tuvo que salir a denunciar penalmente la circulación de un documento apócrifo con una firma falsificada del funcionario.

Es decir, para montar el altar entre los cerros protegidos de Cafayate, no solo ignoraron la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente, sino que habrían recurrido a la fabricación de un permiso trucho. "No autoricé nada, ese documento es falso", dijo en un comunicado Andazábal. Pero el engaño no termina en el impacto ambiental: la subsecretaria del Registro Civil, María Fernanda Ubiergo, terminó de demoler el montaje al confirmar que "la persona que casó no es nuestra" y que los libros utilizados en la ceremonia no pertenecen a la provincia de Salta.

Estamos ante un simulacro de legalidad absoluto. Los contrayentes, que ni siquiera residen en la provincia, trajeron su propio "oficiante" y sus propios libros desde Buenos Aires para montar una puesta en escena en un área protegida donde cualquier mortal necesita meses de trámites técnicos para mover una piedra. ¿Cómo es posible que se haya montado una estructura de semejante envergadura en la Ruta Nacional 68 sin que nadie viera nada hasta que las fotos llegaron a Instagram?

La denuncia apunta a Lucía Grajales Soriano, quien se adjudicó la propiedad del lugar, pero la responsabilidad decanta sobre una red de complicidades o una ceguera oficial que permitió que un evento privado pisoteara un sistema de áreas protegidas que es orgullo de los salteños. La fiscal de Cafayate, Sandra Rojas, tiene ahora la tarea de desarmar este entramado de firmas adulteradas y autorizaciones fantasmas.

No se trata solo de una contravención por ruidos molestos o falta de bacheo; es un delito penal que atenta contra la fe pública y el patrimonio natural. La Quebrada de las Conchas no es el jardín trasero de una influencer ni el salón de fiestas de un empresario porteño. Es un ecosistema frágil que hoy ha sido vulnerado por el capricho de quienes piensan que con una buena billetera y un documento editado en Photoshop pueden ser dueños de la montaña.

Si la Justicia no actúa con una sanción ejemplar que incluya la reparación del daño y penas de prisión por la falsificación de instrumentos públicos, el mensaje para el resto del país será nefasto: "Vengan a Salta, rompan lo que quieran y traigan sus propios jueces, que acá el paisaje es gratis y las leyes son decorativas". La dignidad de Cafayate y el respeto por nuestras instituciones están en juego bajo el sol de los valles, esperando que, por una vez, la ley sea igual para los locales que para los que vienen a sacarse la foto y se van dejando el rastro del fraude detrás.