Unanimidad salteña en una votación que genera más preguntas que respuestas

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó esta semana con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil. El punto más resonante: la edad de imputabilidad bajaría a 14 años. Cómo votaron los legisladores salteños.

En un debate que combina seguridad, derechos, desarrollo social y capacidad estatal, hubo un dato político imposible de soslayar: todos los diputados nacionales por Salta votaron a favor. Sin fisuras.

Los de Ahora Patria convertidos en libertarios de Milei, esgrimieron la defensa más enfática en palabras de Gabriela Flores, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. La legisladora sostuvo que los menores “no están fuera de la agenda en materia de seguridad” y que actualmente “muchos menores de catorce años son responsables” de delitos.

La acompañaron Carlos Zapata, Julio Moreno y Eliana Bruno, en línea con la impronta del gobierno nacional: ampliar la respuesta penal frente a la demanda social de mayor seguridad. La premisa es directa: si hay delito, debe haber sanción.

Quienes también levantaron la mano fueron Pablo Outes y Yolanda Vega, votados por Unión por la Patria pero que viraron cuando asumieron al bloque Innovación Federal junto a Bernardo Biella, recientemente electo por Primero los Salteños y que responden al oficialismo de Gustavo Sáenz.

Su apoyo, sin embargo, llegó con advertencias. Vega puso el foco en algo decisivo: sin presupuesto, sin equipos técnicos y sin infraestructura adecuada, la ley puede volverse letra muerta.

Habló de profesionales, centros especializados y planificación federal. Y dejó planteado un interrogante que excede la votación: ¿quién paga y cómo se implementa en provincias con recursos limitados? “La seguridad de todos depende de lo que suceda en cada rincón de nuestras provincias”, señaló, reclamando igualdad de estándares.

La dimensión que incomoda

Pero hay un plano aún más profundo que el Congreso apenas rozó: qué significa bajar la edad de punibilidad en una sociedad atravesada por la fragmentación social.

Argentina, y Salta en particular, exhibe territorios donde la presencia del Estado llega tarde o no llega. Barrios sin infraestructura, escuelas desbordadas, sistemas de salud mental insuficientes, consumos problemáticos en aumento, economías familiares quebradas. En ese contexto, el delito juvenil aparece muchas veces como síntoma antes que como causa.

La discusión entonces es incómoda pero necesaria. ¿El endurecimiento penal modifica esas condiciones o simplemente actúa cuando el daño ya está hecho?

Quienes promueven la reforma sostienen que la amenaza de sanción puede disuadir y que las víctimas necesitan respuestas; quienes la cuestionan advierten que la evidencia internacional muestra resultados débiles cuando la política criminal no va acompañada de inversión social sostenida.

Más cárceles o institutos sin programas de reinserción, pueden incluso profundizar trayectorias delictivas.

La votación dejó algo claro: Salta se alineó completamente con el oficialismo nacional en uno de los debates más sensibles del año.

Para La Libertad Avanza es coherencia doctrinaria. Para Innovación Federal, un apoyo condicionado por la exigencia de recursos. Sin embargo, la realidad planteará su propio examen. Porque si la aplicación falla, si no hay dispositivos, si la prevención no mejora, la discusión volverá a abrirse.