Diputados: minería blindada, agua en emergencia y comisiones con dueño

Este martes, como marca la liturgia parlamentaria salteña, los proyectos van a conseguir dictamen por la mañana y van a salir del recinto cerca del mediodía. Nada nuevo bajo el sol legislativo. Lo que sí empieza a tomar forma es qué se discute, qué pasa sin ruido y quiénes tienen la lapicera.

En el acta de labor hay de todo, pero el orden no es casual. Los tres proyectos del Ejecutivo avanzan sin sobresaltos. No hay misterio: están los votos y está la decisión política.

Los dos primeros tienen nombre y apellido minero, aunque el trasfondo es mucho más delicado que una simple promoción de inversiones. Se trata de los acuerdos marco entre Salta y Catamarca para facilitar y fomentar los proyectos “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”, acompañados por un Protocolo Adicional sobre impuestos provinciales.

El mensaje del Gobernador que acompaña los proyectos es explícito —y poco habitual en su franqueza—: existen conflictos limítrofes no resueltos entre ambas provincias, una situación que genera “incertidumbre e inseguridad jurídica” y que, según el Ejecutivo, desalienta inversiones en una zona de alto potencial geológico.

Traducido al llano: la minería avanza más rápido que los mapas, y la política corre de atrás intentando ordenar el territorio para que las empresas no frenen. El acuerdo entre provincias aparece así como una salida pragmática: no se resuelven los límites, pero se garantiza previsibilidad. Cooperación antes que conflicto. Negocio antes que disputa.

En este contexto, la llegada de Gustavo Carrizo a la Secretaría de Minería no es un dato menor. Mientras el Ejecutivo pide seguridad jurídica para los proyectos, la Cámara baja arma el andamiaje legal. Todo cierra.

Emergencia hídrica: la excepción que se volvió regla

El otro proyecto del Ejecutivo es la prórroga por un año más de la Emergencia Hídrica, vigente desde noviembre de 2022 y prorrogada en 2023 y 2024. Tres años de emergencia por escasez de agua en toda la provincia.

La pregunta empieza a circular en los pasillos: ¿sigue siendo una emergencia o ya es un estado permanente? La prórroga sale sin debate, pero el contraste es inevitable: mientras la minería se proyecta a largo plazo, el agua sigue administrándose bajo un régimen excepcional que se renueva automáticamente. Minería blindada, agua en emergencia. El equilibrio ambiental vuelve a quedar implícito, no explicitado.

Biobanco: consenso técnico, bajo ruido político

En otro carril corre el proyecto de Laura Cartuccia, que propone formalizar el Biobanco provincial en el Hospital Arturo Oñativia. Aquí no hay grandes tensiones: se trata de dar marco legal a algo que ya funciona, con respaldo técnico y sanitario.

El proyecto reconoce el trabajo previo del hospital y busca institucionalizar la recolección y uso de muestras biológicas para investigación, diagnóstico y salud pública. Probablemente avance sin resistencia, con el clásico consenso silencioso que rodea a las iniciativas sanitarias bien fundamentadas.

Transparencia fiscal: cuando el detalle incomoda

Más ruido genera —aunque no tanto como podría— el proyecto de José Gauffin, que propone adherir al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. La iniciativa obliga a discriminar Ingresos Brutos y tasas municipales en los comprobantes, mostrando cuánto del precio final son impuestos provinciales y municipales.

La pregunta no es técnica, sino política: ¿quién quiere que el consumidor vea cuánto pesa el Estado en el ticket? El proyecto incomoda a intendentes y gobernadores por igual, y su recorrido será una buena medida del compromiso real con la transparencia fiscal.

Declaraciones, garitas y cámaras: gestión de cercanía

Como siempre, el menú se completa con proyectos de Declaración: una garita policial en Tres Cerritos (Mónica Juárez) y cámaras de seguridad en Potreros de Quijano (Griselda Galleguillos). Pedidos puntuales, alto impacto barrial, bajo costo político.

Comisiones: los números mandan

El verdadero poder, sin embargo, está en las comisiones. Y ahí el panorama es claro.

Hacienda y Presupuesto: 8 de 9 miembros responden a Todos por Salta. La Libertad Avanza tiene uno solo. El control del gasto y los impuestos está blindado.
Legislación General: mayoría oficialista, con presencia minoritaria de Todos por Salta, LLA y la UCR.
Salud: nuevamente, hegemonía de Todos por Salta.
Minería: aquí el dato fino. La comisión está dominada por el oficialismo, pero con presencia de LLA, Por Salta, el Partido Conservador Popular y el Frente Liberal Salteño. Plural en los nombres, pero con una secretaría en manos de Antonio Taibo (Todos por Salta).
Traducción política: la minería se debate, pero no se traba.

En síntesis, la sesión de este martes no promete sorpresas, pero sí confirma una tendencia: la Cámara baja ordena el territorio para que la minería avance, prorroga emergencias que ya son estructurales y consolida comisiones con mayorías claras.