Salta conformó la Red Provincial contra la Violencia Institucional

En el marco del conversatorio “La violencia institucional en primera persona”, realizado el viernes 12 de diciembre de 2025, organizaciones de derechos humanos, víctimas y referentes sociales resolvieron conformar la Red Provincial contra la Violencia Institucional, con el objetivo de articular acciones de denuncia, acompañamiento y reclamo ante el Estado.

La jornada tuvo como propósito central escuchar a las víctimas de la violencia estatal, reflexionar sobre sus causas y visibilizar prácticas que —según los testimonios expuestos— se repiten de manera sistemática en distintos ámbitos: fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, justicia y políticas contravencionales.

Durante el encuentro se expusieron denuncias de uso excesivo de la fuerza policial, entre ellas el caso de una vecina del barrio 20 de Febrero que relató haber perdido un ojo por el impacto de una posta de goma disparada dentro de su domicilio durante una persecución policial en contexto de pandemia. Situaciones similares fueron atribuidas a operativos policiales en distintos puntos de la provincia, incluyendo hechos recientes ocurridos en manifestaciones gremiales.

Representantes del colectivo LGTBQ+ denunciaron persecución policial hacia mujeres trans y travestis, prácticas que —advirtieron— contribuyen a escenarios de violencia extrema y crímenes de odio. En ese marco se mencionó el caso de Fernanda Arias, fallecida en una comisaría de Rosario de Lerma, actualmente bajo investigación judicial.

También se dio a conocer la acción de habeas corpus colectivo iniciada por el Centro Comunitario A.L.F.A., vinculada a presuntas detenciones ilegales y vulneraciones de derechos en el Centro de Contraventores de la ciudad de Salta. Según lo expuesto, los operativos de control urbano afectan de manera recurrente a jóvenes de sectores populares, personas en situación de calle, trabajadores informales, vendedores ambulantes y artistas callejeros, lo que genera sobrepoblación en dependencias de detención.

En ese contexto, se expresó el rechazo a la reciente reforma del Código Contravencional, aprobada en el Senado provincial, que incrementa los días de detención para determinadas contravenciones. Las organizaciones advirtieron que la medida profundiza la criminalización de la pobreza y reclamaron su revisión legislativa.

Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron condiciones de detención que vulnerarían derechos humanos, tanto en unidades penitenciarias como en comisarías del interior provincial. Estas presentaciones se suman a habeas corpus ya interpuestos por el Comité contra la Tortura y organizaciones sociales, que reclaman garantías básicas de salud, trato digno y acceso a derechos para las personas detenidas y sus familias.

Otro de los ejes centrales fue la exposición de Madres Protectoras, quienes cuestionaron el uso del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), al que calificaron como una herramienta sin sustento científico que —según denunciaron— se utiliza para desoír la palabra de niñas, niños y adolescentes y para judicializar a las madres que denuncian situaciones de abuso o violencia. En ese marco se realizaron señalamientos al accionar judicial en procesos de revinculación forzada, que las organizaciones consideran contrarios al interés superior del niño.

También se escucharon testimonios de comunidades originarias que denunciaron desplazamientos forzados y represión policial en conflictos territoriales, así como el relato de jóvenes que afirmaron haber sido víctimas de violencia policial en operativos nocturnos.

La jornada permitió trazar un mapa de denuncias que, según los participantes, evidencian una trama de violencia institucional que involucra no solo a fuerzas de seguridad, sino también a decisiones judiciales y políticas públicas que impactan de manera desigual sobre sectores vulnerables.

Como resultado del encuentro, se acordó la conformación de la Red Provincial contra la Violencia Institucional y la elaboración de un pliego de reclamos, entre los que se destacan: el derecho al trabajo y a la educación de las personas privadas de la libertad; políticas integrales de salud y tratamiento de adicciones; el cese de operativos policiales basados en criterios discriminatorios; la revisión de la reforma contravencional; y el respeto efectivo del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos.

Entre las acciones inmediatas, se anunció la presentación de un documento ante la Cámara de Diputados de la Provincia para solicitar el rechazo de las modificaciones al Código Contravencional, junto con una movilización a la Legislatura el día en que se trate el planteo.

Adhirieron a la convocatoria organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, además de referentes independientes y familiares de víctimas, quienes expresaron su voluntad de continuar con nuevas instancias de articulación y visibilización en toda la provincia.