La Ley IVE cumple cinco años en un contexto de retroceso y desfinanciamiento

Mientras los primeros años mostraron avances concretos en el acceso y la reducción de la maternidad adolescente, los datos más recientes revelan una caída sostenida, faltantes de insumos y un escenario de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad del derecho.

Este 30 de diciembre se cumplen cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE). En Salta, los datos oficiales que publicó Ciudadana Comunicación muestran un recorrido con claros contrastes: durante los primeros años de implementación, el sistema de salud logró ampliar el acceso, garantizar interrupciones tempranas y contribuir a una reducción sostenida de la maternidad adolescente. Sin embargo, las cifras más recientes advierten un quiebre.

En 2024, el acceso comenzó a descender, en sintonía con un escenario nacional marcado por el desfinanciamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva, el faltante de insumos y una creciente opacidad estatal. La Provincia, además, aún no publicó los datos correspondientes a 2025, lo que profundiza la falta de información pública sobre una política que impacta de manera directa en la salud y la vida de miles de personas gestantes.

Crecimiento sostenido y punto de inflexión

Según estadísticas del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), basadas en registros del sistema de salud provincial, el acceso a la IVE en Salta creció de manera sostenida hasta alcanzar su pico en 2023.

En 2021 se registraron 2.785 interrupciones voluntarias del embarazo; en 2022, 4.244; y en 2023 se alcanzó el máximo histórico, con 5.180 prácticas. En 2024, la cifra descendió a 4.371, lo que representa una caída del 17%.

Lejos de explicarse como una menor demanda, el descenso coincide con el primer año completo del gobierno nacional que recortó la provisión de anticonceptivos, desmanteló programas de prevención y dejó de garantizar insumos esenciales, trasladando a las provincias una responsabilidad sin financiamiento.

Adultas jóvenes y el núcleo del acceso

Las personas gestantes de entre 21 y 30 años concentran cerca del 60% de las interrupciones voluntarias del embarazo en todos los años analizados. Solo en 2023, más de 3.000 IVE correspondieron a ese rango etario.

Se trata mayoritariamente de adultas jóvenes que toman decisiones reproductivas vinculadas a sus proyectos de vida, atravesadas por contextos socioeconómicos cada vez más inestables y con un Estado que reduce su presencia como red de cuidado y acompañamiento.

Niñas y adolescentes: el dato que no cede

Uno de los indicadores más alarmantes es el de niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años.

En 2021 se registraron 42 interrupciones; en 2022, 72; en 2023, 86; y en 2024 se mantuvieron niveles elevados, con 83 casos.

Mientras el total de IVE desciende, las interrupciones en niñas y adolescentes tempranas no bajan. En el marco legal argentino, un embarazo en menores de 15 años se presume como producto de abuso sexual. Entre 2020 y 2024, al menos 103 niñas de ese rango etario accedieron a una interrupción legal del embarazo en Salta.

En muchos de estos casos, el sistema de salud aparece como uno de los pocos espacios donde estas violencias logran ser detectadas.

Interrupciones tempranas: un logro que persiste

Más del 70% de las IVE realizadas entre 2021 y 2024 ocurrieron antes de la décima semana de gestación, con un pico constante en la semana 8. Solo entre el 1,9% y el 2,4% de los casos llegó al límite legal de la semana 14.

En 2024, por ejemplo, se registraron 931 interrupciones en la semana 8, frente a apenas 105 en la semana 14. Estos datos desmienten los discursos que sostienen que la ley promueve prácticas tardías o riesgosas: la enorme mayoría de las interrupciones se realiza de forma ambulatoria, segura y con bajo riesgo, gracias a la intervención temprana del sistema de salud.

Organizaciones feministas y de derechos humanos, sin embargo, denuncian que persisten situaciones de violencia institucional que buscan dilatar los plazos con fines disuasivos.

El quiebre de 2024, mes a mes

El análisis mensual permite observar con mayor claridad el punto de inflexión.

En 2021, la curva fue ascendente. En 2022, el acceso se estabilizó con un promedio cercano a las 350 interrupciones mensuales. En 2023, se alcanzó el pico histórico, con meses que superaron las 500 prácticas.

En 2024, la tendencia se revirtió de manera sostenida: varios meses quedaron por debajo de las 300 interrupciones. Junio y diciembre registraron las cifras más bajas desde la implementación plena de la ley.

Desde los efectores de salud advierten que desde hace meses faltan misoprostol y mifepristona, los medicamentos esenciales para garantizar la IVE/ILE. A esto se suma un dato clave: desde 2024 el gobierno nacional dejó de informar públicamente sobre la provisión de estos insumos.

Menos anticonceptivos, más riesgo

El retroceso se profundiza al observar la política de prevención. Según el Informe Anual 2025 del OVcM, Salta registró entre 2017 y 2023 una de las mayores caídas del país en la tasa de fecundidad adolescente —superior al 61%—, proceso estrechamente ligado al Plan ENIA, la provisión regular de anticonceptivos y la ampliación de derechos.

Ese escenario se quebró en 2024. La entrega de implantes subdérmicos cayó un 93,2% en la provincia: de cerca de 5.900 en 2023 a apenas 400 en 2024. A nivel nacional, la reducción alcanzó el 94,5% en las provincias alcanzadas por el Plan ENIA.

Un retroceso que excede a Salta

El escenario provincial se inscribe en un contexto nacional aún más amplio. Un informe reciente de Amnistía Internacional Argentina advirtió “retrocesos preocupantes” a cinco años de la sanción de la Ley IVE, con la suspensión de la compra de medicamentos, el desmantelamiento de planes de prevención del embarazo y una drástica reducción en la distribución de métodos anticonceptivos.

El estudio “También es por vos” señaló la persistencia y agravamiento de barreras en el acceso al aborto en distintas provincias del país. En ese marco, la organización registró en el último año un aumento del 275% en consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso, en comparación con 2023.

Entre enero y abril de 2025, Amnistía recibió 160 casos, lo que representa el 133% del total registrado durante todo 2024. En lo que va del año, ya superaron los 400 casos, una cifra que triplica ampliamente las denuncias del año anterior.

Si bien estos registros no reflejan la totalidad del país, desde la organización remarcan que, ante la ausencia de datos oficiales, constituyen un parámetro relevante para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan mujeres y personas gestantes.

El informe señala como causas centrales el avance de discursos regresivos y políticas restrictivas contra los derechos de mujeres y personas LGBTI+, y denuncia un “desmantelamiento sistemático” de las políticas de salud sexual y reproductiva desde la asunción de Javier Milei.

Solo a modo ilustrativo, durante 2023 se distribuyeron a nivel nacional 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack. En 2024, en cambio, no se distribuyó ningún insumo a las provincias para garantizar el acceso al aborto. Más de la mitad de los efectores reportaron falta de stock de misoprostol y casi la totalidad desabastecimiento de mifepristona, en un contexto agravado por una reducción del 81% en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo.

Un derecho que requiere decisión política

A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, los datos son contundentes: la IVE/ILE salvó vidas, permitió interrupciones tempranas y contribuyó a reducir la maternidad adolescente en Salta y en todo el país.

Pero también advierten sobre un presente preocupante. Menos recursos, menos acceso, menos información y un Estado que se corre del rol de garante. En ese escenario, lo que está en juego no es una estadística: es la continuidad real de un derecho conquistado.