El ajuste habitacional también golpea en Salta

La crisis del alquiler dejó de ser un problema exclusivo del Área Metropolitana de Buenos Aires para convertirse en una tensión estructural en las ciudades del interior, entre ellas Salta. Aunque la reciente Encuesta Inquilina 2025 releva exclusivamente datos del AMBA, sus resultados funcionan como una radiografía adelantada de un escenario que en la capital salteña ya se vive sin estadísticas oficiales, pero con efectos visibles en los barrios.

La encuesta —realizada por un consorcio de universidades y organizaciones sociales— muestra que, tras la derogación de la ley de alquileres, los contratos se acortaron, los aumentos se volvieron más frecuentes y el alquiler pasó a devorar el ingreso de los hogares. En el AMBA, el 57% de las familias destina más de la mitad de lo que gana solo a pagar el alquiler y apenas el 14% logra ahorrar algo a fin de mes. El dato es contundente, pero también incómodo: en Salta, donde los salarios promedio son más bajos y la oferta de alquiler formal es menor, el impacto relativo no puede ser menor.

La desregulación introducida por el DNU 70/2023 no solo modificó reglas contractuales; reordenó la relación de fuerzas entre propietarios e inquilinos. La encuesta muestra que predominan contratos de dos años o menos y ajustes trimestrales, un esquema que en Salta ya se volvió habitual, especialmente en alquileres intermediados por inmobiliarias o en zonas de alta demanda. Sin regulación clara, el mercado fija las condiciones y el inquilino se adapta… o queda afuera.

Uno de los datos más reveladores del estudio es que el 77% de quienes se endeudan lo hacen para pagar el alquiler. No se trata de consumo suntuario ni de gastos extraordinarios: es endeudarse para seguir viviendo bajo techo. En Salta, esta lógica se traduce en adelantos familiares, créditos informales o tarjetas usadas para cubrir alquiler y servicios, mientras se postergan otras necesidades básicas.

La consecuencia directa es la inestabilidad habitacional. En el AMBA, el 70% de los hogares inquilinos se mudó al menos una vez en los últimos cinco años y el 40% lo hizo de manera involuntaria, por no poder pagar o porque el propietario no quiso renovar. En la capital salteña, este fenómeno se expresa en mudanzas forzadas hacia la periferia, hacinamiento creciente o el regreso al hogar familiar, especialmente entre jóvenes y adultos mayores.

La encuesta también deja una señal política de fondo: alquilar dejó de ser una etapa transitoria. Más de la mitad de los inquilinos del AMBA cree que seguirá alquilando dentro de cinco años y casi un tercio no sabe si tendrá un lugar donde vivir. En Salta, donde el acceso al crédito hipotecario es prácticamente inexistente y la tierra urbana se encarece, esa percepción es aún más estructural.

El problema no es solo económico, es político. Mientras el Estado nacional se retira del mercado de alquileres en nombre de la “libertad”, no aparecen políticas alternativas que equilibren la balanza: ni regulación, ni incentivos claros a la oferta, ni producción pública de vivienda en escala suficiente. El resultado es un mercado desregulado en un país con salarios deprimidos.

La Encuesta Inquilina 2025 no mide Salta, pero interpela directamente a sus gobiernos. La ausencia de datos locales oficiales no implica ausencia de problema; por el contrario, expone un vacío de política pública. En una provincia donde cada vez más familias alquilan, la pregunta no es si el mercado se regula solo, sino quién paga el costo cuando no hay reglas.