Impulsan una ley para recuperar inmueble donado a Fundación inhabilitada tras denuncias por abuso

La legisladora Gladys Paredes presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto la donación de un inmueble a la Fundación Nueva Esperanza de Tartagal. La iniciativa se produce luego de que la Secretaría de la Niñez cerrara el hogar que administraba la Fundación en 2023 tras constatarse graves irregularidades, incluyendo denuncias de abuso sexual, maltrato institucional y violación de normativas.

Esta acción legislativa responde al escándalo desatado en septiembre de 2023, cuando la Secretaría de la Niñez y Familia de la provincia tomó la drástica decisión de cerrar el hogar de niños y adolescentes administrado por la fundación, ubicado en Salvador Mazza.

El cierre se produjo tras una intervención judicial que constató un alarmante patrón de irregularidades. Entre las fallas más graves se encontraron denuncias de abuso sexual en perjuicio de menores alojados en la institución —incluyendo una que terminó en condena en 2019—, casos de maltrato institucional, deficiencias en la gestión y la violación sistemática de las normativas básicas de protección de la niñez.

El proyecto de la diputada Paredes busca deshacer una acción legislativa que ella misma impulsó en el pasado. En noviembre de 2020, la Cámara de Diputados había aprobado, a instancias de la legisladora, un proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en carácter de donación un inmueble a la Fundación Nueva Esperanza. El objetivo era regularizar la situación dominial para que la entidad continuara con sus fines.

Sin embargo, ante la confirmación de las fallas éticas y las violaciones a los derechos de los niños que provocaron el cierre del dispositivo por parte del Estado, la legisladora impulsa ahora la anulación de la transferencia. La decisión se basa en la imposibilidad de que una entidad con un historial de graves incumplimientos y denuncias de abuso sexual continúe administrando un patrimonio destinado al cuidado de la niñez.

La iniciativa de Paredes busca garantizar que el inmueble regrese a manos del Estado provincial para que pueda ser destinado a instituciones que sí cumplan rigurosamente con los protocolos de protección y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.