La violencia política revive en Salta y profundiza la desconfianza social

El reciente incidente contra el vehículo del candidato a senador Juan Manuel Urtubey reactiva la alarma sobre la violencia en el ámbito electoral de Salta, un problema que se arrastra desde hace años, como lo demostró el tiroteo protagonizado por pegatineros en 2019. Ante estos hechos, la sociedad se pregunta por la ineficacia del sistema político y judicial, y la alarmante escalada de violencia. 

La investigación judicial abierta por los daños sufridos en la camioneta del exgobernador y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, puso nuevamente en el centro de la escena la preocupante escalada de la violencia política en el contexto electoral de Salta. La Justicia, a través del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), trabaja para determinar si la rotura en el vidrio trasero del vehículo fue causada por un proyectil de arma de fuego, mientras Urtubey se trasladaba por la ruta provincial 5.

Este incidente se suma a un historial de agresiones que han marcado las campañas en la provincia. La Delegación Fiscal de San Lorenzo investiga el caso, pero el hecho de que un candidato de alto perfil sufra un presunto ataque de esta naturaleza subraya la tensión y el riesgo latente en el ambiente político.

El antecedente del tiroteo en pleno centro salteño

La memoria de la sociedad se remonta a hechos ocurridos en 2019 que mostraron la violencia sin filtros. Pocas horas antes de la veda electoral de ese año, dos grupos de pegatineros protagonizaron un enfrentamiento a tiros en pleno centro de la ciudad de Salta, en las calles San Martín y Jujuy. El violento choque, que ocurrió a primera hora de la mañana, dejó un herido de bala que debió ser trasladado al hospital.

En ese momento, la Policía de Salta informó que la discusión entre los grupos, presuntamente de frentes políticos distintos, escaló rápidamente de golpes a disparos, terminando con once detenidos y acusaciones graves por lesiones en riña agravada por el uso de arma de fuego y abuso de arma, además de la participación de un menor. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) denunció en su momento la detención arbitraria de militantes, añadiendo más controversia al accionar policial.

La sucesión de estos episodios, que van desde un tiroteo en el microcentro a un presunto atentado contra un exgobernador, genera una gran preocupación social. La ciudadanía se pregunta por las razones de esta violencia recurrente y por la capacidad del Estado para contenerla. Existe una marcada desconfianza en el sistema judicial y en el sistema político en general, pues la violencia se repite sin que se perciban soluciones de fondo o un castigo ejemplar para los responsables. La sociedad demanda paz y garantías para ejercer sus derechos democráticos sin miedo.