UTM en guerra: la jubilación de Serrudo encendió la interna y abrió la caja negra del gremio

Salta15/10/2025 Denuncias por $105 millones y asamblea caliente
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Otros tiemposPedro Serrudo junto a Carlos Bernis y el entonces Secretario de Gobierno de Bettina Romero, Benjamín Cruz

La UTM atraviesa su interna más grave en años. Tras la jubilación de Pedro Serrudo firmada por el intendente Emiliano Durand —computándole años “de servicio” y tres décadas de licencia gremial—, el prosecretario de Finanzas, Juan Carlos Taritolay, denunció que el histórico líder se habría otorgado préstamos personales con dinero del sindicato y habría beneficiado a su hijo y a otros directivos. La acusación habla de pagos irregulares por más de $105 millones entre enero de 2024 y agosto de 2025, sin actas que los respalden, y de un saldo negativo superior a $35 millones. Taritolay pidió una asamblea extraordinaria y advirtió que, si no hay respuesta, irá a la Justicia.

La crisis en la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) venía gestándose hace meses, pero estalló con dos hechos encadenados. Primero, la jubilación de Pedro Serrudo por resolución del intendente Emiliano Durand, que computó tanto sus años “prestando servicio” en la Municipalidad como los 30 años de licencia gremial al frente del sindicato. Lejos de ordenar la transición, ese acto reconfiguró el mapa interno y disparó la disputa por el control real del gremio: la caja, la mesa de paritarias y la red de delegados.

El segundo detonante llegó con una denuncia formal de Juan Carlos Taritolay, prosecretario de Finanzas hasta mediados de 2024, quien acusó a Serrudo de usar fondos del gremio para préstamos personales, extendiendo el beneficio a su hijo y a miembros de la comisión directiva, sin autorización estatutaria ni respaldo legal. Según esa presentación, entre enero de 2024 y agosto de 2025 se habrían ejecutado pagos irregulares por más de $105 millones que no figuran en actas ni en resoluciones válidas. A eso se suma un rojo contable que, siempre según Taritolay, supera los $35 millones en la cuenta del sindicato.

La conducción respondió con un comunicado que buscó blindar a Serrudo, descalificó a Taritolay y apuntó al secretario adjunto Carlos Bernis como parte de una supuesta maniobra para “apoderarse del gremio”. Pero el texto, más político que técnico, no aportó balances, informes ni actas que desactiven las sospechas. El pedido de asamblea extraordinaria para rendir cuentas —con memoria, balance, auditoría y publicación de los estados— se volvió la demanda central de la oposición interna y de un segmento creciente de afiliados que exigen transparencia.

La jubilación de Serrudo, además, abre un capítulo jurídico sensible: ¿cómo se computaron los años de licencia gremial para el beneficio previsional? ¿Qué dictámenes lo avalan? ¿Hubo observaciones del Tribunal de Cuentas o del organismo previsional? Esos papeles —junto con las actas de comisión, los balances auditados, las actas paritarias y cualquier informe de auditoría interna— son claves para despejar la nube de irregularidades y definir quién tiene mandato real para representar a los municipales en la mesa salarial.

Mientras tanto, la interna ordena territorios: la corriente histórica apela a la lealtad y denuncia “embates” del Ejecutivo; la oposición insiste con abrir los libros y normalizar los órganos del gremio (asambleas, memoria y balance, y, si corresponde, elecciones bajo la autoridad laboral). En el medio, la base se impacienta: hay malestar entre los afiliados, que piden explicaciones sobre el uso de los fondos y garantías de que las paritarias no quedarán atrapadas en la pelea de cúpulas.

El desenlace inmediato pasa por una asamblea extraordinaria que fije tres puntos no negociables:

  • Exhibición pública de todos los movimientos contables 2024–2025 y del estado de tesorería actual.
  • Auditoría externa independiente con informe completo sobre préstamos, transferencias y eventuales incompatibilidades.
  • Normalización institucional: aprobación (o rechazo) de memoria y balance, definición de mandatos y, de ser necesario, convocatoria a elecciones.

Si eso no ocurre, la promesa de Taritolay ya tiene destino: judicializar la denuncia. Y la UTM, el gremio más numeroso de la Municipalidad, seguirá girando en un círculo vicioso donde las consignas reemplazan a los papeles y la interna se come la representación.
 
 
 

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