Bullrich asesina jóvenes collas en la otra frontera racista

Criminalizar la frontera, judicializar trabajo informal, estigmatizar prácticas socioculturales de carácter ancestral y necesario en zonas de altura, legalizar asesinatos de jóvenes indígenas, esa es la política. Es la otra frontera racista, divide a un pueblo hermano, cuya vida depende en buena medida de las economías regionales, centradas en el comercio informal y en la comunicación transnacional, aunque en realidad no es más que un límite arbitrario que parte al medio a un mismo pueblo. 

Desde el viernes a la noche, la investigación sobre el asesinato del joven indígena Ivo Rodrigo Torres, de 22 años, ha pasado al fuero federal, ahora la carátula es Homicidio agravado. Al respecto se han pronunciado diversos organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, referentes sociales. El joven era oriundo de la Comunidad San Juan de Quillaques, parte de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, en el norte de Jujuy.

Fue asesinado el pasado jueves 6 de febrero por la mañana, murió acribillado por cuatro gendarmes del Escuadrón 21 de La Quiaca, Alexander Gunther, Walter Álvarez, Marcos Leonardo Wysniewki y Juliana Enciso, quienes fueron imputados el sábado luego de la autopsia, en principio cumplirán prisión preventiva por cuatro meses, esperemos paguen su culpa entre las rejas. Hubo una persecución inexplicable a la moto donde viajaba que registraron las cámaras de seguridad, en medio de la cual los gendarmes disparan y el jóven Ivo resulta herido de muerte. Pero este asesinato no es responsabilidad solamente de quienes apuntaron las armas, sino también de los brazos ejecutores de las políticas: Bullrich, Ministra de Seguridad, ahora también es asesina de jóvenes indígenas collas, cuyas familias resisten la invasión de las multinacionales en las comunidades que hoy dicen no a la megaminería y exigen la consulta previa, libre e informada.

Este caso se suma al asesinato también a manos de la Gendarmería, en Salta, de otro joven colla, Fernando Gómez, a fines de diciembre. Se trata de otra frontera racista, orquestada otra vez más, una vez más, por Estados Unidos. Las fronteras “blindadas” de Bullrich son el último ítem, para que el estado bandido criminalice a los campesinos indígenas en su propia tierra. Y es que si bien desde mucho tiempo atrás en nuestra historia federal, la Ciudad de La Quiaca, ha adquirido la característica de límite, es necesario respecto de los nuevos y lamentables hechos. Es preciso traer a la memoria que, desde la reforma constitucional impuesta por el entonces gobernador Morales, su diálogo concreto con Estados Unidos, la posterior visita de la Comandante del Comando Sur (SouthCom), la yanqui Laura Richardson a la Argentina, y sus dichos previos sobre los recursos naturales de nuestro país, es que el gobierno no hizo más que explicitar públicamente su intención de profundizar la política expropiadora hacia los pueblos y comunidades originarias preexistentes que “justifica” en la explotación de los recursos naturales y particularmente, del litio en los territorios de las comunidades collas que habitan esa región. La Provincia de Salta también viene padeciendo políticas similares a las de Jujuy, que se expresaron primero en una reforma constitucional de similares características, y actualmente en el Plan Güemes de Bullrich y del gobernador Sáenz, en torno al cual la última noticia fue el alambrado de la frontera en Aguas Blancas.

Recordemos también que La Quiaca es un lugar donde todavía, podemos decir que se conocen casi todos, y que los habitantes de las comunidades son singularmente identificables por las fuerzas de seguridad, puntualmente a partir de la resistencia a las medidas llevadas adelante por Morales, que tuvieron a las comunidades como protagonistas no solo localmente sino federalmente, por esto, no es difícil pensar que los gendarmes sabían a quién le disparaban porque este joven pertenecía a una de esas comunidades indígenas. No es gatillo fácil, es crimen de estado.

Ivo Rodrigo Torres, era un joven comunero, estaba en pareja, trabajaba como albañil, estudiaba Turismo con perspectiva intercultural en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL Campinta Guazu Gloria Perez, es decir, formado en las responsabilidades que demandan el cuidado de la tierra y de los recursos naturales en una comunidad originaria. Pero tuvo la mala suerte de cruzarse con cuatro gendarmes que envalentonados por los nuevos discursos de odio tuvieron luz verde para quitarle sin razón la vida a un pibe indígena.

Quizás el pibe indígena vuelva a morir cada vez que cierta prensa ponga como titular desconociendo el contexto: “lo mataron porque trasladaba hojas de coca”. Ni constituye un delito, ni las bolsas de hojitas de coca “pesan más que entre un cuarto y un kilo”, ni se puede hablar de ningún consumo, ni la hoja de coca es ninguna sustancia ilegal. Hay que hablar con claridad. El joven como cualquier día de su vida, fue a comprar hojitas de coca para coquear y para las celebraciones a la Pachamama que en el norte se realizan entre año nuevo y el carnaval, todos los veranos, la llevaba a comunidades alejadas del centro urbano y comercial, como dijeron este mediodía su familia y su abogado en la Conferencia de Prensa que dieron en San Salvador. Lo mataron por ser indígena, nada más, por vivir en una de las comunidades que resisten al extractivismo.