Receso legislativo: una costumbre sin ley y sin justificación

Mientras docentes, médicos y trabajadores estatales atraviesan un invierno cargado de recortes y conflictos salariales, los legisladores salteños disfrutan de un receso invernal que no figura en ninguna ley ni reglamento. No hay normativa que lo autorice, ni resolución oficial que lo fundamente. Sin embargo, año tras año, diputados, senadores y concejales abandonan sus bancas por al menos dos semanas en julio, como si fuera un derecho adquirido.

El origen de esta práctica está en la imitación del Poder Judicial, que sí tiene legalmente establecida una feria de invierno mediante el artículo 45° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este establece que durante julio la Corte podrá disponer una feria judicial con personal de turno para atender causas urgentes. Pero lo que es una previsión legal y funcional para jueces, se transforma en un privilegio sin respaldo normativo para los legisladores.

Ni la Constitución Provincial, ni los reglamentos internos de la Cámara de Diputados o del Senado, ni siquiera la Carta Orgánica Municipal o el reglamento del Concejo Deliberante prevén recesos legislativos durante el mes de julio. Es más, el artículo 111° de la Constitución es claro: las Cámaras deben sesionar entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre. Solo pueden suspender sesiones por más de tres días si existe acuerdo entre ambas cámaras (artículo 114°), pero nada justifica una interrupción de 15 o 20 días en plena actividad parlamentaria.

El problema no es solo el fondo, sino también las formas: no hay ninguna resolución pública que comunique este parate invernal. Todo se acuerda en voz baja, sin dejar rastros ni papeles. Tampoco hay anuncios oficiales a través de las áreas de prensa. La estrategia es clara: que no se note que no están.

En un contexto donde las emergencias sociales y económicas se acumulan, la ausencia de actividad legislativa es un mensaje negativo. No hay sesiones, no hay comisiones, no hay tratamiento de proyectos. Las escribanías institucionales están cerradas. ¿Qué pasaría si la sociedad dejara de notar su existencia? ¿Si se empezara a debatir si los legisladores son realmente necesarios… o tan necesarios como ellos creen?

La pregunta que sigue vigente cada invierno es: ¿quién decidió que los legisladores deban tomarse vacaciones en julio? ¿En qué sesión se votó? ¿Bajo qué justificación institucional o reglamentaria se sostiene esta práctica?

La respuesta, por ahora, sigue siendo el silencio. Un silencio que cada vez incomoda más a una ciudadanía cansada de los privilegios sin argumentos.