Duro revés judicial para Milei | La Justicia dictamina que su cuenta de X es oficial y no personal

Un fallo judicial ha asestado un significativo golpe a la estrategia comunicacional del Presidente Javier Milei, al determinar que su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) no es un espacio de expresión meramente personal, sino que representa su figura como Jefe de Estado. La contundente decisión, emanada del fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía, se produce en el marco de una denuncia presentada por la familia del joven influencer Ian Moche.

La demanda se originó luego de que Milei utilizara su cuenta para emitir supuestos insultos contra Moche y se negara a eliminar las publicaciones. Ian Moche es un niño de 12 años con autismo que se ha convertido en un activista e influencer, utilizando sus redes sociales y apariciones en medios para concientizar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y promover la inclusión.  La interpretación del fiscal es un revés directo para la narrativa presidencial que intentaba deslindar sus opiniones en redes de su rol institucional.

Este dictamen judicial sienta un precedente crucial sobre el uso de las plataformas digitales por parte de los funcionarios públicos, y en particular, del máximo mandatario. Al considerar la cuenta de X como oficial, todas las publicaciones realizadas en ella adquieren un carácter institucional, abriendo la puerta a un mayor escrutinio legal y ético sobre el contenido que el Presidente comparte.

La repercusión de esta decisión no se limita al caso Ian Moche. El fallo podría tener implicaciones directas en la investigación de la presunta estafa con la criptomoneda "$Libra", que Milei había promocionado activamente desde su misma cuenta de X. Si su perfil es considerado oficial, la promoción de la criptoestafa a través de ese medio podría ser vista como un aval presidencial, lo que podría agravar la situación legal en ese frente.

La ruling del fiscal subraya la creciente necesidad de establecer límites claros entre la esfera personal y oficial de los líderes políticos en la era digital, y el potencial riesgo de utilizar plataformas masivas sin la debida consideración de su impacto institucional. La decisión marca un desafío para la particular forma de comunicación presidencial y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ámbito virtual.