Corrupción en el Penal de Villa Las Rosas: rechazan que la causa pase al fuero federal

La defensa argumenta que los delitos exceden la competencia provincial, pero la Unidad Fiscal afirma que el caso debe continuar en la justicia provincial.

La Unidad Fiscal que investiga una organización narcocriminal en el Servicio Penitenciario, integrada por los fiscales Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, rechazó la declaración de incompetencia presentada por la defensa de uno de los acusados. La defensa había solicitado que el caso fuera remitido al fuero federal, argumentando que los delitos cometidos por los imputados superaban la competencia provincial debido a la participación de múltiples personas y el rol de un funcionario penitenciario.

En su pedido ante el juez Federico Diez, a cargo de la Sala VII, se argumentó que los delitos, que incluyen la comercialización de estupefacientes y asociación ilícita, exceden los límites de la competencia provincial. La defensa alegó que el involucramiento de un funcionario encargado de la custodia de presos y la estructura de la red de distribución de drogas justificaban la remisión al fuero federal.

No obstante, la Unidad Fiscal sostiene que la competencia corresponde a la justicia provincial. La Ley N° 7.782 de Salta, que adhirió a la Ley nacional, establece que la comercialización de estupefacientes es un "delito desfederalizado" y, por lo tanto, de competencia provincial. Además, la Corte de Justicia de Salta y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han confirmado que estos delitos son de competencia provincial bajo la Ley 26.052.

La investigación se centra en hechos de corrupción dentro del Servicio Penitenciario Provincial, específicamente en la Unidad Carcelaria Nº1. Se alega que los imputados, incluidos funcionarios del penal, estaban involucrados en la introducción y distribución de drogas dentro del penal, así como en la corrupción relacionada con sobornos para obtener beneficios y facilitar el ingreso de elementos prohibidos.

La Unidad Fiscal destaca que la causa, ya en etapa de apertura a prueba en el Tribunal de Juicio, no debe ser remitida al fuero federal, ya que esta decisión causaría un grave perjuicio al caso. La remisión al fuero de excepción podría retrasar la resolución de varios planteos pendientes relacionados con la libertad de los imputados y los incidentes de arrestos domiciliarios.