



El diputado nacional había sido denunciado por estar supuestamente vinculado a "empresas cigarreras a quienes respondería desprotegiendo intereses del Estado, labores funcionales y obligacionales propias y apartándose del principio de imparcialidad". La denuncia se basó en artículos y notas periodísticas.
El senador Enrique Cornejo, haciéndose eco de una denuncia de la Cámara Argentina Nacional de Empresas de Tabaco, señalaba que había diputados nacionales que habían desplegado una actividad ilícita para interferir en el capítulo fiscal de la Ley Bases vinculado a la industria del tabaco.
Tal vinculación entre las empresas cigarreras y el legislador Zapata, según la denuncia, dejan sin protección al Estado y sus intereses, “laborales, funcionales y obligaciones propias y apartándose del principio de imparcialidad”.


Para el juez federal no determina delito y declaró la incompetencia del fuero por lo que ordenó que sea devuelta al "Juzgado de Garantías 1° Nom. de Salta para que esta última judicatura reasuma su instrucción y adopte todo temperamento que estime conducente".
El fiscal federal, Carlos Rivolo, encargado de la investigación, dijo que la denuncia era “vaga, imprecisa, genérica” y que la misma se basa en dichos de algún medio de comunicación que le asignaron a Zapata la característica de “protector de intereses privados contra los intereses nacionales”. En otro punto de su análisis, el fiscal afirmó que, de continuar con el proceso judicial, el aparato judicial estaría inmiscuyéndose en el ejercicio de las labores parlamentarias.
El juez federal Rafecas, de manera contundente, afirmó sobre la denuncia que no se “puede determinar cuál es el delito que habría sido cometido”. Dichos estos argumentos, las actuaciones volverán ahora a la Provincia de Salta, donde el caso se originó, en la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Allegados a Zapata, respaldaron la decisión del juez federal, y afirmaron que “las noticias periodísticas vagas y el descuerdo con la posición técnica y política del diputado Zapata no son prueba de ningún delito”. Además, recordaron el artículo 68 de la Constitución Nacional donde se afirma la libertad de expresar y sostener ideas propias.
Por su parte, Zapata, decía "yo opino que la tasa de impuesto interno debe ser más alta. Eso no es ningún delito y no puedo ser molestado porque lo manda la constitución. Salta se está convirtiendo en una provincia sin ley". Reafirmando que tener un posicionamiento propio es parte de la política, y que cualquier actitud en contra es una modalidad persecutoria e inapropiada.


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