A raíz del crimen de Fernando Báez Sosa lanzaron una campaña con la finalidad de que se apruebe la "Ley Fernando", la cual busca que el odio de clase sea un agravante para los delitos y para lograr la tipificación de crimen de odio racial.
General 13/01/2023
Flavia Pacheco
La campaña se encuentra en la plataforma change.com y fue propuesta por el abogado Lautaro Arias Camacho en la causa que conmueve al país por la forma en la que asesinaron a Fernando Báez Sosa jóvenes rugbistas durante las vacaciones de verano, precisamente el 18 de enero de 2020.
La iniciativa propone incorporar al artículo 80 inciso 4 del Código Penal del Odio de Clase como un agravante para el delito de homicidio y en consecuencia para otros delitos contra las personas. En el artículo 80 del Código Penal se establece cuáles son los agravantes a considerarse por parte de los órganos judiciales a la hora de determinar una pena en el caso de un delito de homicidio.
“Hay que hacerse dos preguntas, por un lado, ¿existe el odio de clase, existe esa segregación por la pertenencia de una persona a otro sector social? Si la respuesta es sí, vamos a otra pregunta, ese odio, ¿termina siendo móvil de delitos? Si es sí, entonces hay que contemplarlo en la norma”, manifestó Arias Camacho.
En su presentación, el letrado expresa. “Los homicidios cometidos en un contexto de odio de clase, es decir, con motivo de la pertenencia a un determinado sector social, son un mal creciente en la Argentina. El notorio caso de Fernando Báez Sosa no constituye un hecho aislado sino que se encuentra enmarcado en una práctica que lamentablemente va en aumento en nuestro país”.
Y agrega: “por más increíble que parezca, el "odio de clase" no constituye un agravante expresamente reconocido por la ley a la hora de la ponderación de las penas por parte de los órganos judiciales. Gran parte de la población nacional consideramos urgente que se modifique el Art. 80 inc. 4 del Código Penal argentino, incorporándose a la norma una expresa mención al odio de clase (a la par del odio racial) como agravante del delito de homicidio, y en consecuencia, de los demás delitos contra las personas”:
En el caso puntual de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, el abogado Lautaro Arias Camacho, dijo que “existen testimonios que dan cuenta, que más allá que haya habido un enfrentamiento, una pelea, hay expresiones que se emplearon que dan cuenta del desprecio”. Y aclaró que “también este caso, nos remite a otros antecedentes, a otras situaciones que suceden a diario pero que quizás no toman tanta notoriedad pero está claro que hay una incidencia de esta pertenencia a otro sector social como un elemento disvalioso”.
Camacho expresó que la idea de esta campaña es que cobre visibilidad la junta de firmas, que haga ruido y a partir de allí, el siguiente paso sería incomodar al sector político un poquito, que se le pueda preguntar a gente que está en campaña qué opina sobre esta propuesta”.
“Exigimos al poder legislativo que se ponga a trabajar en la Ley Fernando para que el odio de clase sea expresamente contemplado como un agravante”, finalizó.
El caso Marcelina Meneses y bebé Joshua
Desde el 2012, todos los 10 de enero es el Día de la Mujer Migrante. Es en recuerdo de la historia de Marcelina Meneses, quien fue asesinada junto a su bebé en un acto de odio xenófobo. La fecha sirve para concientizar en contra de la discriminación, la xenofobia y los crímenes de odio hacia personas migrantes.
El brutal asesinato de la mujer y su bebé constituyó un acto de racismo, el cual ya se venía manifestando en la forma de vejaciones y maltratos dentro del tren por su origen boliviano y color de piel. Ningún fenómeno de la realidad social puede ser correctamente analizado si no se mira con el prisma de la perspectiva de género; y la movilidad humana no es la excepción.
Marcelina Meneses era una mujer migrante de 30 años de Bolivia. Vivía con su familia en Ezpeleta, en la localidad bonaerense de Quilmes. El 10 de enero de 2001, en una calurosa mañana de verano, viajaba en un tren de la Línea Roca a las 9 de la mañana para llevar a su hijo de 20 meses al Hospital Fiorito en Avellaneda.
Llegando a la ex Estación Avellaneda, rozó con sus bolsas a un pasajero mayor, quien le gritó “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. El único testigo que declaró, Julio Cesar Giménez, intervino en la discusión pidiendo que tengan cuidado por el bebé. Cuenta que un segundo pasajero agregó: “Qué defendés vos, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar el trabajo. Igual que los paraguayos y los peruanos”. Acto seguido, otros pasajeros se sumaron a los insultos.
Giménez relató un guardia se acercó, pero escuchó los agravios xenófobos: “¡Uh! ¡Otra vez estos bolivianos haciendo quilombo! ¡Me tienen podrido! ¡Yo me las tomo!”. Allí mismo, Marcelina y su bebé fueron empujados del tren y fallecieron sin atención médica. El testigo contó tiempo después que vio como ella agonizaba.
En diversos relatos, Giménez contó: “Fue una cosa de segundos. Se había sumado otra gente. Hubo más insultos y escucho que uno que estaba de ropa de Grafa le dice a un compañero: '¡Uy, Daniel, la puta que te parió, la empujaste!'”
Dieciséis familias dependen de las y los de trabajadores de la señal 2 de aire salteño por lo que este viernes protestan las puertas del canal el irregular pago de sus sueldos, ítems en negro y derechos violados por parte de la empresa. Como si fuera poco, denuncian violencia laboral.
El abogado Oscar Guillén respondió a las declaraciones del Procurador General, Pedro García Castiella, que ratificó que las noticias falsas no son delito y que el Ministerio Público Fiscal "no puede ser policía de las opiniones". El letrado consideró que el mensaje del jefe de una institución acusatoria debería haber ido en sentido contrario al expresado porque, además de que a través de las mismas se pulverizan reputaciones y afectan el honor, sirven para cometer delitos tipificados.
Tienen 62, 64 y 66 años. Hace 15 años sufren las presiones y amenazas de los Saravia, familia del intendente de San Lorenzo y hasta del mismo jefe comunal, se muestra como “víctima de usurpación” y sin orden judicial pero con complicidad de auxiliar de la fiscalía, la policía desalojó violentamente a las mujeres. “Tenemos prohibición de acercarnos y los vecinos nos mandan fotos de que ahora están sembrando y sacando leña de nuestra finca. Nos sentimos devastados y con impotencia de no poder hacer nada”, lamentaron las denunciantes.
En la mañana del jueves, Briana Torres de seis años falleció mientras esperaba ser atendida en el hospital San Roque. Si bien los médicos sospechan de un caso de meningitis, todavía no se llevó a cabo la autopsia del cuerpo de la menor, ya que no hay un médico forense . Ante esta situación, familiares de la niña apuntaron al sistema de salud y clamaron justicia.
En la mañana del sábado tres familias fueron desalojadas del barrio extensión 20 de junio a pesar de estar registradas en el Registro Nacional de Barrios Populares. Las familias afectadas aseguraron que no hubo orden de desalojo.
Las Abuelas de Plaza de Mayo acompañan con Amicus Curiae a los juicios de lesa humanidad en la guerra. Reino Unido suspendió el proceso de identificación de los “soldados solo conocidos por Dios”. Se reanudaron los viajes de ex combatientes a la isla luego del aislamiento por COVID 19. La causa suma nuevas denuncias por tortura.
En lo que va del año se confirmaron un total de 28.235 casos de dengue en el país. Salta no es la excepción, ya que en la provincia, entre 3.500 y 4.000 personas se contagiaron de la enfermedad. Ante esta grave situación, en la ciudad se avanza con el operativo de descacharrado para prevenir de esta manera, criaderos y reservorios del mosquito vector.
Finalmente los trabajadores de salud, que reclaman por mejoras salariales, se reunieron con el gobernador para analizar el petitorio presentado hace algunos días por los mismos. Una vez más, Sáenz se comprometió a gestionar con autoridades nacionales sobre el 82% móvil para todo el personal. Por otra parte deberán esperar hasta el lunes 8 de mayo para discutir, con el ministro de economía, la grilla salarial. De no solucionarse, tomarían nuevas medidas de fuerza.
Mujer Cebra, el creciente trío de indie rock de Buenos Aires, se presentará por primera vez en Salta. Con soporte local de Las Turbinas, y siendo parte de la gira debut por el NOA que incluye Santiago del Estero y Tucumán, la cita se dará el próximo Domingo 4 de Junio desde las 19 hrs en Fábrica de Música (Balcarce 875). Y antes de embarcarse rumbo al gran norte argentino, los chicos de Mujer Cebra se tomaron el tiempo de respondernos un breve ping pong sobre su actualidad.
Crónica de un fin de semana intenso: medios y voceros operando, una innegable búsqueda de despotricar contra el reclamo, visibilizando que de las movilizaciones y asambleas participan dirigentes y militantes políticos ¿Acaso eso le resta legitimidad? La construcción de un relato que criminaliza a los docentes y trabajadores de la salud. Una jueza que da la orden de represión y tres funcionarios que, cuidando las espaldas de Gustavo Sáenz, lejos de habilitar el diálogo, con soberbia y autoritarismo, quieren obligar a los docentes a volver a las aulas y descontarle los días de paro.
El gobernador brindó una cómoda nota a una radio aliada en la que sostuvo que Salta está en "crisis" a la vez que remarcó que "defiende" las mejores paritarias del país porque valora el esfuerzo pero "no hay más plata". A modo de excusa, dijo que después de ese aumento salarial, ya no hay superávit. ¿Se habrá referido a los 24 mil millones?
La cantante y compositora salteña presentará Mundo Ensuit, una propuesta que conjugará canciones de su último trabajo discográfico y clásicos de la música argentina con notables músicos invitados. Agendá sábado 10 de junio a las 21 horas en España y Juramento.
La jueza de Garantías de Primera Nominación que intervino en la represión y detención de 19 docentes el 25 de mayo en Aunor, aseguró que aquella tarde no hubo desmesura por parte de la fuerza policial y negó la represión ya que no hubo armas de ningún tipo. Sobre la detención dentro una docente dentro de la capilla de un cementerio señaló que había cometido un delito. Las imputaciones continuarán en tanto y en cuanto la fiscalía las sostenga, ella deberá resolver.
