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Contra el odio de clase: buscan impulsar la “Ley Fernando”

A raíz del crimen de Fernando Báez Sosa lanzaron una campaña con la finalidad de que se apruebe la "Ley Fernando", la cual busca que el odio de clase sea un agravante para los delitos y para lograr la tipificación de crimen de odio racial.

General 13 de enero de 2023 Flavia Pacheco Flavia Pacheco
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La campaña se encuentra en la plataforma change.com y fue propuesta por el abogado Lautaro Arias Camacho en la causa que conmueve al país por la forma en la que asesinaron a Fernando Báez Sosa jóvenes rugbistas durante las vacaciones de verano, precisamente el 18 de enero de 2020. 

La iniciativa propone incorporar al artículo 80 inciso 4 del Código Penal del Odio de Clase como un agravante para el delito de homicidio y en consecuencia para otros delitos contra las personas. En el artículo 80 del Código Penal se establece cuáles son los agravantes a considerarse por parte de los órganos judiciales a la hora de determinar una pena en el caso de un delito de homicidio.

“Hay que hacerse dos preguntas, por un lado, ¿existe el odio de clase, existe esa segregación por la pertenencia de una persona a otro sector social? Si la respuesta es sí, vamos a otra pregunta, ese odio, ¿termina siendo móvil de delitos? Si es sí, entonces hay que contemplarlo en la norma”, manifestó Arias Camacho.

En su presentación, el letrado expresa. “Los homicidios cometidos en un contexto de odio de clase, es decir, con motivo de la pertenencia a un determinado sector social, son un mal creciente en la Argentina. El notorio caso de Fernando Báez Sosa no constituye un hecho aislado sino que se encuentra enmarcado en una práctica que lamentablemente va en aumento en nuestro país”.

Y agrega: “por más increíble que parezca, el "odio de clase" no constituye un agravante expresamente reconocido por la ley a la hora de la ponderación de las penas por parte de los órganos judiciales. Gran parte de la población nacional consideramos urgente que se modifique el Art. 80 inc. 4 del Código Penal argentino, incorporándose a la norma una expresa mención al odio de clase (a la par del odio racial) como agravante del delito de homicidio, y en consecuencia, de los demás delitos contra las personas”:

En el caso puntual de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, el abogado Lautaro Arias Camacho, dijo que “existen testimonios que dan cuenta, que más allá que haya habido un enfrentamiento, una pelea, hay expresiones que se emplearon que dan cuenta del desprecio”. Y aclaró que “también este caso, nos remite a otros antecedentes, a otras situaciones que suceden a diario pero que quizás no toman tanta notoriedad pero está claro que hay una incidencia de esta pertenencia a otro sector social como un elemento disvalioso”.

Camacho expresó que la idea de esta campaña es que cobre visibilidad la junta de firmas, que haga ruido y a partir de allí, el siguiente paso sería incomodar al sector político un poquito, que se le pueda preguntar a gente que está en campaña qué opina sobre esta propuesta”.

“Exigimos al poder legislativo que se ponga a trabajar en la Ley Fernando para que el odio de clase sea expresamente contemplado como un agravante”, finalizó.

El caso Marcelina Meneses y bebé Joshua

Desde el 2012, todos los 10 de enero es el Día de la Mujer Migrante. Es en recuerdo de la historia de Marcelina Meneses, quien fue asesinada junto a su bebé en un acto de odio xenófobo. La fecha sirve para concientizar en contra de la discriminación, la xenofobia y los crímenes de odio hacia personas migrantes.

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El brutal asesinato de la mujer y su bebé constituyó un acto de racismo, el cual ya se venía manifestando en la forma de vejaciones y maltratos dentro del tren por su origen boliviano y color de piel. Ningún fenómeno de la realidad social puede ser correctamente analizado si no se mira con el prisma de la perspectiva de género; y la movilidad humana no es la excepción.

Marcelina Meneses era una mujer migrante de 30 años de Bolivia. Vivía con su familia en Ezpeleta, en la localidad bonaerense de Quilmes. El 10 de enero de 2001, en una calurosa mañana de verano, viajaba en un tren de la Línea Roca a las 9 de la mañana para llevar a su hijo de 20 meses al Hospital Fiorito en Avellaneda.

Llegando a la ex Estación Avellaneda, rozó con sus bolsas a un pasajero mayor, quien le gritó “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. El único testigo que declaró, Julio Cesar Giménez, intervino en la discusión pidiendo que tengan cuidado por el bebé. Cuenta que un segundo pasajero agregó: “Qué defendés vos, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar el trabajo. Igual que los paraguayos y los peruanos”. Acto seguido, otros pasajeros se sumaron a los insultos.

Giménez relató un guardia se acercó, pero escuchó los agravios xenófobos: “¡Uh! ¡Otra vez estos bolivianos haciendo quilombo! ¡Me tienen podrido! ¡Yo me las tomo!”. Allí mismo, Marcelina y su bebé fueron empujados del tren y fallecieron sin atención médica. El testigo contó tiempo después que vio como ella agonizaba.

En diversos relatos, Giménez contó: “Fue una cosa de segundos. Se había sumado otra gente. Hubo más insultos y escucho que uno que estaba de ropa de Grafa le dice a un compañero: '¡Uy, Daniel, la puta que te parió, la empujaste!'”

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