La renuncia de Pablo López y el encubrimiento institucional: el caso que sacude a La Libertad Avanza en Salta

La renuncia del concejal salteño Pablo Emanuel López, denunciado por violencia de género, extorsión y abuso sexual, abrió una grieta profunda en el interior de La Libertad Avanza (LLA) en Salta. Lejos de representar un gesto de responsabilidad institucional, su salida del Concejo Deliberante capitalino fue interpretada por Política Obrera como un acto de encubrimiento, destinado a blindar políticamente al dirigente y evitar que enfrente un juicio político en el recinto.

Según el comunicado difundido por la organización de izquierda, la dimisión de López fue una maniobra orquestada por los referentes locales del oficialismo libertario, Alfredo Olmedo y Emilia Orozco, con el objetivo de “controlar daños” y “allanar el camino” para que el edil pueda volver a asumir su banca en diciembre, cuando se inicie el nuevo período legislativo.

La gravedad de la denuncia —que incluye un audio explícito en el que López le ofrece dinero a una militante libertaria a cambio de sexo oral, en el marco de una disputa económica— fue minimizada públicamente por la diputada Orozco, quien habló de una “operación política”. Pero, como remarca Política Obrera, la denunciante no proviene de la oposición, sino de las propias filas de LLA: fue electa convencional constituyente por el espacio en las elecciones de mayo.

Este detalle desmonta el discurso oficial y expone las contradicciones internas del armado libertario, que se presenta como una fuerza antisistema pero reproduce prácticas denunciadas históricamente en los partidos tradicionales: venta de candidaturas, retención de sueldos y exigencias sexuales a cambio de cargos, tanto en la estructura partidaria como en el aparato del Estado.

El encubrimiento como método

El comunicado también apunta contra la responsabilidad institucional del Concejo Deliberante, al señalar que los bloques que podrían impulsar un juicio político a López pertenecen a espacios políticos con antecedentes similares. En ese marco, un eventual proceso disciplinario quedaría sujeto a las mismas lógicas de negociación, encubrimiento y pactos de impunidad que atraviesan a la política local desde hace años.

“La descomposición política y personal que le achacan a la casta brotan por todos los poros liberticidas”, dice el texto, en alusión directa al discurso de Javier Milei. Para Política Obrera, el caso López no es un hecho aislado, sino una expresión más de un proyecto político sostenido con recursos estatales y capital humano oportunista, que reproduce prácticas patriarcales, autoritarias y profundamente conservadoras.

Fascismo light y crisis de modelo

El documento va más allá del hecho puntual y vincula la conducta del edil con las posturas ideológicas del oficialismo nacional. Las “diatribas fascistoides” de Milei y sus seguidores —dice— contra mujeres, migrantes, disidencias sexuales y socialistas, no son más que un mecanismo de encubrimiento discursivo ante una realidad política que comienza a agrietarse. “Estas excrecencias salen a la luz al ritmo que el experimento económico libertario se agota”, sentencia, aludiendo también a la fragilidad financiera del gobierno, marcada por reiteradas corridas cambiarias y pérdida de respaldo popular.

Una propuesta disruptiva: revocatoria de mandatos

En contraposición al sistema de privilegios que denuncia, Política Obrera propone la revocatoria de mandatos como mecanismo efectivo para ejercer soberanía popular y terminar con los “cheques en blanco” que hoy permiten a funcionarios cuestionados permanecer en sus cargos hasta el final de sus ciclos.

“El pueblo debe tener el derecho a revocar los mandatos”, concluye el comunicado, reinstalando una vieja demanda de la izquierda que, en un contexto de desprestigio de la clase política y escándalos recurrentes, parece ganar nueva fuerza.