La reforma in-constitucional de Morales: Represión y violencia, siguiendo el ejemplo de Sáenz

"Con decisión y aplicando un solo artículo de esta Constitución terminé con los piquetes y los cvortes de ruta, hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina ye está saliendo muy bien", comienza diciendo Gerardo Morales en un spot de campaña en el que pretende presentarse frente al país como el gobernador que logró parar con la protesta social. Sin embargo, no están saliendo las cosas bien, como asegura. El norte argentino, bajo gobiernos conservadores, parece ser la punta de lanza para lo que se viene en el país. Reformar Constitucionales con fines políticos y de gobernabilidad para los gobiernos de Gustavo Sáenz y Morales y la búsqueda de anular la huelga como herramienta de manifestación de los pueblos, parecen ser los experimentos sociales de la derecha argentina.

Este viernes organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios jujeños confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta contra la reforma parcial de la Constitución provincial aprobada esa madrugada en la provincia vecina, que se acopló al plan de lucha que vienen manteniendo desde hace diez días los docentes de la provincia. En Salta, la reforma constitucional se dio en el 2021, donde con el argumento de limitar los mandatos, limitó la posibilidad de re-reelección de los próximos gobiernos, pero no del de Sáenz, el último gobernador con la posibilidad de estar 12 años en la gobernación, como lo estuvieron Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Además, le dio diez años de mandato a los jueces, sin posibilidad de reelección. Fue un momento histórico que se desaprovechó para discutir otras cuestiones de fondo, en una provincia que demanda transformaciones urgentes frente a la desigualdad e injusticias atroces.

Jujuy apretó el acelerador y fue por más, ya que a través de la reforma, aprobó la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia.  La Convención Constituyente de Jujuy, que quedó conformada sólo por los representantes del oficialista Frente Cambia y eI Frente Justicialista -menos dos de sus integrantes que se retiraron junto a seis de la izquierda-, sesionó durante dos jornadas y terminó de aprobar en particular la reforma.

En este sentido, eI Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma constitucional aprobada en Jujuy apela a la "paz social" con el fin de limitar el derecho a la protesta y denunció que, a menos de 24 horas de su aprobación, la policía local reprimió una manifestación de docentes y comunidades indígenas en la localidad de Abra Pampa. "EI gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional que apela a la paz social para limitar el derecho a la protesta. EI texto menciona estándares internacionales de derechos humanos" pero que "quedan en letra muerta: Ya que prevé que se sancione una ley para limitar las manifestaciones y deja abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden y quiénes no pueden protestar”, indicó el Cels en su cuenta de Twitter. Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño", indicaba el lema central de la marcha, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.

En Salta, desde marzo, comenzó el caldo de cultivo de lo que fueron cinco semanas de paro y huelga de los docentes autoconvocados, que denunciaron una paritaria salarial que no llegaba a la canasta básica. A ellos se sumaron los trabajadores de la salud, que autoconvocados también, denunciaron sueldos miserias y develaron la precariedad de la infraestructura para la salud provincial. El clímax llegó las semanas pasadas donde en uno de los puntos más pobres de la provincia, como al Puna salteña, fue el escenario de una pueblada por ser los menos beneficiados del boom del oro blanco, el litio, al que todos los días ven salir de su pueblo. Allí, camioneros, transportistas, docentes y trabajadores de salud, junto a los pueblos originarios cortaron la ruta 51. Con los días, el conflicto logró dilatarse por los intentos del gobierno de romper las asambleas, cerrar acuerdos por sector, medios de comunicación en silencio frente a las movilizaciones y un blindaje político a nivel nacional que no permitió que, al igual que Jujuy, la provincia sea noticia nacional.

Represión

En Salta, el 24 y 25 de mayo, serán recordados no sólo como la víspera y el día del Primer Gobierno Patrio, sino como los episodios de la represión en el ex peaje Aunor, al ingreso de la ciudad de Salta, que culminó con varios heridos con balas de goma y de pintura, y 19 detenidos hoy imputados aún. El resultado fue la sanción de la Ley Antipiquetes, que discutida en Diputados, Senadores para ser “vetada parcialmente” en sus artículos inconstitucionales, y hoy la provincia ya cuenta con una regulación del derecho a la manifestación, algo insólito para un gobierno democrático.

En Jujuy, efectivos de Infantería de la policía jujeña reprimieron el sábado en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito en la intersección de las rutas 9 y 52, a la altura de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma. Desde el domingo se encuentra en la provincia eI secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y su equipo, quienes se entrevistaron con todos los detenidos en la represión. EI funcionario se dirigió luego a la ruta nacional 9, en la entrada a Purmamarca, donde continuaba la protesta de las comunidades indígenas contra la reforma constitucional aprobada recientemente.

Pietragalla Corti, advirtió que la de Jujuy “es una situación grave y compleja" tras la represión del viernes último en el marco de las protestas por la reforma constitucional provincial. Asimismo, el funcionario expresó "muchas comunidades" tienen “una angustia muy grande porque se aprobó una reforma constitucional en menos de un mes y no fueron consultadas pese a que se stán tocando sus intereses"

En declaraciones a Radio Provincia, Pietragalla señaló desde Jujuy que estuvo anoche "hasta las 2.30 en la puerta del Penal de Alto Comedero, donde todas y todos los detenidos recuperaron la libertad", y cuestionó que "habían sido trasladados a un penal cuando debían estar en una comisaría. También consideró que la ceremonia de jura del texto actualizado de la Constitución prevista para el martes "va a generar un conflicto muy grande porque, por 10 que vi de las comunidades, están dispuestas a todo porque no tienen nada que perder".
Pietragalla Corti añadió que 'hay modificaciones que se ponen en contradicción con leyes nacionales e internacionales, y no hubo consultas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)", y contó a su vez que "cuando estaba viajando para acá se comunicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostrando la preocupación".

Asimismo, el funcionario denunció que "ninguna autoridad provincial atiende" y "parece que están de vacaciones en pleno conflicto". "No hay manera de hablar con alguien, cuando lo único que tengo para trasmitir es que tenemos obligaciones internacionales", añadió. Admitió que "también preocupa que hace cuatro días estuvieron miembros de la Corte Suprema en Jujuy haciendo un curso y avalando esta reforma constitucional", y consideró que se trata de “un conflicto que no tiene resolución porque la provincia está cegada con querer sacarlo rápido por las aspiraciones electorales que debe tener el gobernador" Gerardo Morales.

Entre los liberados estaba el periodista jujeño Camilo Haro Galli; el turista de Buenos Aires Hernán Oviedo; el vocal de la comisión municipal de EI Moreno Santiago Camas; y la estudiante universitaria Carmen Benicio, residente de la comunidad de Quebraleña. Además, producto de la brutal represión ejercida contra los manifestantes que rechazaban la reforma constitucional aprobada en la provincia, un joven de 17 años perdió un ojo debido al impacto de una bala de goma disparada por un efectivo policial, según informó Télam.