El Senado tratará la derogación de la Caja Interprofesional tras masivos reclamos

A menos de dos años de su sanción y con apenas meses de vigencia efectiva, la Cámara de Senadores de Salta sesiona para derogar la Ley 8.444 que creó la Caja Interprofesional para nutricionistas y trabajadores sociales, en un intento por desactivar el escándalo generado por aportes obligatorios impagables que acumularon deudas millonarias en profesionales de ingresos golpeados.

El debate sobre la sostenibilidad y la legitimidad de las cajas previsionales de profesionales en Salta sumó un capítulo decisivo en el Senado provincial. La Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional dio dictamen favorable al proyecto impulsado por los senadores Dani Nolasco y Enrique Cornejo para derogar de forma definitiva la Ley 8.444, la cual creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social para los colegios de Nutricionistas y Trabajadores Sociales de la provincia.

La iniciativa —sancionada en 2024 e implementada en febrero de 2025— derivó en un profundo conflicto social debido al carácter obligatorio de la afiliación y la fijación de cánones mensuales que resultaron impracticables para la realidad económica de ambos sectores profesionales. El sobreendeudamiento acumulado, que en varios casos derivó en registros de morosidad que alcanzaron montos cercanos a los seis millones de pesos por profesional, forzó a los legisladores a retroceder en la aplicación del régimen previsional ante el rechazo masivo expuesto en asambleas colegiadas, donde entre el 80% y el 85% de los matriculados exigieron la eliminación lisa y llana del sistema.

El tratamiento de la derogación pone al descubierto la falta de diagnóstico real con la que se sancionan leyes de impacto financiero en la Legislatura provincial. La decisión de crear una caja previsional de afiliación compulsiva en dos disciplinas caracterizadas por la precarización laboral, los salarios congelados en el ámbito público y los honorarios desactualizados en el ejercicio privado terminó configurando una trampa de morosidad institucional en lugar de una garantía de retiro digno.

Si bien la Cámara Alta busca encarrilar la anulación aprovechando que la entidad aún no liquida prestaciones ni cuenta con beneficiarios jubilados en nómina, el proyecto debe atravesar la media sanción del Senado, el posterior debate en la Cámara de Diputados y la eventual promulgación del Poder Ejecutivo. Mientras el trámite parlamentario avanza, queda en evidencia la resistencia de los colegios profesionales a soportar estructuras burocráticas paralelas que, bajo el argumento de la solidaridad previsional, terminan asfixiando los golpeados ingresos de los trabajadores de la salud y la asistencia social.