Salta

Reclaman revisar los protocolos de portación de armas tras el femicidio de Denis Viñalba

image

El femicidio de Denis Viñalba, ocurrido este jueves por la tarde en un centro de mediación de la localidad de Chicoana a manos de su expareja —un integrante de la fuerza policial—, desató fuertes cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad vigentes en los ámbitos de resolución de conflictos y el abordaje estatal de la violencia machista en Salta.

En declaraciones al programa Efecto Dominó (Lup Radio 94.7), Carmen Chuchuy, referente del Observatorio Popular Feminista Ñawi, advirtió sobre la gravedad de que un efectivo policial pueda ingresar portando su arma reglamentaria a una instancia de mediación. "Empezamos a analizarlo con todas las fallas que podemos ver con el tema de protocolo para las fuerzas policiales. Que se acerque a una mediación con un arma es muy peligroso, y que la población sepa también que la violencia de género no se media", remarcó la activista, señalando que resulta urgente revisar los controles de ingreso y la portación de armamento fuera de servicio o en trámites personales.

Respecto a los antecedentes del agresor, Chuchuy indicó que verificaron que no registraba denuncias formales previas por violencia de género, aunque aclaró que la ausencia de presentaciones judiciales no descarta la existencia de agresiones previas en el ámbito privado.

Según el relevamiento llevado adelante por el Observatorio Ñawi, la provincia acumula 19 muertes violentas por razones de género en lo que va del año: 16 femicidios directos, un femicidio vinculado o indirecto y dos travesticidios sociales. Al explicar las diferencias numéricas respecto de los registros del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Provincia, Chuchuy señaló que el organismo oficial suele excluir inicialmente las muertes caratuladas como dudosas o en etapa de investigación, las cuales posteriormente terminan confirmándose como femicidios.

En ese marco, la referente denunció un retroceso en las políticas públicas tras más de una década de declaración de emergencia en la materia, apuntando contra la reducción presupuestaria en el área de género y la falta de articulación estatal. "Estamos en una escalada de violencia que venimos anunciando cada vez que sucede un femicidio. En menos de una semana también ocurrió el femicidio de Celeste Osán, asesinada por un inquilino; es alarmante", subrayó.

Finalmente, Chuchuy reclamó transparencia sobre el destino de los fondos asignados bajo la Emergencia por Violencia de Género y exigió medidas concretas de prevención y acceso a la Justicia. Entre los puntos críticos mencionó el cierre de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género (OVIF) durante los fines de semana —lo que obliga a las mujeres a acudir a comisarías donde muchas veces sufren revictimización o negativa a recibir las denuncias— y reclamó la reimplementación efectiva de capacitaciones bajo la Ley Micaela en todas las dependencias policiales y judiciales.