Impulsan en Salta penas más duras por vandalismo rural

Mientras los sectores populares y los pequeños productores de la provincia enfrentan el ahogo financiero, la desocupación y la falta de infraestructura básica, las prioridades de la política institucional vuelven a alinearse con los intereses de los grandes pooles de siembra y el capital agrario. 

Con la firma del ingeniero agrónomo y diputado por Guachipas, Néstor Eduardo Parra Ruiz de los Llanos de Unidos por Salta, la Cámara baja avanzó con dictámenes favorables de las comisiones de Justicia y de Producción para aprobar un Proyecto de Declaración que exige a los legisladores nacionales por la provincia impulsar la modificación del Código Penal de la Nación en materia de "vandalismo rural".

La iniciativa busca tipificar figuras específicas y agravantes para castigar con mayor dureza aquellas conductas que provoquen la destrucción, inutilización o deterioro de bienes, producción e infraestructura agropecuaria, incluso cuando no exista un fin de apropiación o robo. Entre los blancos a proteger figuran la rotura de silobolsas, silos, tolvas, maquinaria agrícola, sistemas de riego y cualquier daño que comprometa la capacidad productiva de los establecimientos terratenientes.

El texto, que respalda el Expediente N° 2248-D-2026 presentado en el Congreso de la Nación, argumenta que el Código Penal ya contempla figuras como el abigeato o el robo de insumos, pero carece de un marco punitivo específico para castigar los daños deliberados sobre la infraestructura y el grano acopiado, ejemplificando el impacto económico que generan las perforaciones de silobolsas sobre el circuito comercial.

Sin embargo, la premura institucional por blindar penalmente las inversiones del agronegocio contrasta de forma obscena con la parálisis estatal frente a las emergencias sociales que golpean los territorios. Mientras los grandes exportadores y propietarios rurales reclaman mayores garantías de seguridad punitiva para sus ganancias, el andamiaje legislativo opera raudo para garantizarles protección, dejando al desnudo una vez más qué sectores son los verdaderamente atendidos por la clase política en tiempos de ajuste.