La mayor estafa al patrimonio sanitario público en lo que va del año comenzó a cerrar su capítulo operativo, dejando al desnudo una escandalosa red de impunidad y precarización. El Hospital Público Materno Infantil logró recuperar la totalidad de los seis equipos neonatales de alta complejidad que habían sido sustraídos de sus instalaciones a principios de año y que fueron detectados en pleno funcionamiento dentro de una clínica médica privada de la capital salteña.

El asesor legal del nosocomio, Dr. Oreste Lovaglio, reconfirmó que el juzgado interviniente restituyó las unidades bajo la figura de depositario judicial, mientras las investigaciones penales ordinarias y los sumarios administrativos avanzan a paso firme contra los profesionales y directivos implicados que montaron un negocio privado con los soportes vitales de los niños más vulnerables.

El caso, que generó una fuerte repercusión y repudio en toda la provincia, expuso las alarmantes fallas en el control de inventario de uno de los hospitales de referencia del NOA. En declaraciones radiales, el Dr. Lovaglio brindó precisiones técnicas sobre la fisonomía de la aparatología robada, echando luz sobre la llamativa facilidad con la que se vulneraron los sistemas de seguridad del edificio.

"El pasado 18 de mayo las unidades fueron entregadas formalmente por el juzgado al hospital; el Área de Patrimonio se encargó de retirarlas", detalló.

La explicación sobre las dimensiones de los dispositivos médicos resulta indignante: lejos de tratarse de pesadas estructuras difíciles de mover, se constató que eran elementos compactos esenciales para terapias infantiles. "Son equipos pequeños, del tamaño de una tablet; entraban los seis en una sola caja de 60 por 40 centímetros", especificó el letrado. Esta característica de portabilidad fue burdamente aprovechada por los delincuentes de guante blanco —muchos de ellos médicos con doble función en el sistema público y privado— para camuflar el desvío de los dispositivos de soporte vital sin despertar sospechas en las guardias del hospital.

El dato más político y crítico que se desprende de la confirmación legal radica en que el vaciamiento no fue detectado por los costosos mecanismos de auditoría interna del propio Materno Infantil, sino de pura casualidad. El hallazgo inicial se produjo durante una de las tareas periódicas de fiscalización que realiza el Ministerio de Salud Pública sobre los establecimientos privados habilitados en la provincia. Al ingresar a la clínica privada en cuestión, los inspectores detectaron números de serie y codificaciones de patrimonio que resultaban "compatibles" y sospechosamente idénticos a los del nosocomio estatal, destapando el uso ilegal y lucrativo de la infraestructura pública.

La causa penal que se sustancia en la justicia ordinaria salteña se encuentra en una fase avanzada de imputación. Paralelamente, en la sede administrativa del hospital se tramitan sumarios rigurosos que buscan deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones de exoneración más severas al personal jerárquico o de enfermería que prestó colaboración o silencio para que los equipos terminaran en manos privadas. Salta cierra el primer semestre del año recuperando sus recursos de terapia neonatal, pero con el sabor amargo de saber que las corporaciones médicas privadas no dudan en desmantelar la salud de los chicos de las barriadas populares para engordar sus propias cajas de facturación.