Diputados evalúa prohibir los celulares particulares e instalar inhibidores en los penales

La Cámara de Diputados de Salta analizará esta tarde un proyecto de ley que busca reordenar de manera estructural las normativas de comunicación en el ámbito carcelario. La iniciativa, promovida por el bloque de La Libertad Avanza e integrada por los legisladores Eduardo Virgili, Andrés Arce y Claudio Cansino, propone la prohibición integral del uso de telefonía celular, smartphones y tablets de carácter particular por parte de las personas privadas de la libertad en todas las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial.

El eje central de la propuesta radica en la instalación obligatoria de sistemas técnicos de inhibición y bloqueo de señales radioeléctricas dentro de los pabellones, con el propósito de optimizar la seguridad pública y neutralizar la comisión de delitos complejos, como estafas virtuales y extorsiones telefónicas, coordinados desde los establecimientos penitenciarios.

De acuerdo con el texto que ingresará formalmente al recinto en la sesión ordinaria, la regulación apunta a discontinuar las autorizaciones administrativas excepcionales que se implementaron durante la emergencia sanitaria por COVID-19, las cuales permitían el ingreso regulado de dispositivos móviles para garantizar el contacto familiar de los internos.

El nuevo marco normativo establece que el derecho a la comunicación e información de los detenidos se canalizará exclusivamente mediante plataformas institucionales fijas o móviles provistas por el Estado provincial. El esquema propuesto prevé un límite de hasta 40 minutos diarios por interno bajo un cronograma de horarios estrictos y bajo supervisión del personal carcelario, exceptuando de la fiscalización auditiva únicamente las entrevistas reservadas entre los internos y sus abogados defensores.

El debate legislativo pondrá en consideración la compatibilidad del proyecto con los protocolos de control vigentes dentro del Servicio Penitenciario de Salta. Desde el organismo recordaron que el Reglamento de Internos ya califica la tenencia de celulares particulares como una falta grave y citaron los alcances de la Resolución N.º 159/02 de la Secretaría de Justicia, la cual restringe la posesión de estos elementos.

Sin embargo, los autores de la iniciativa argumentan que la sanción de una ley provincial dotará de mayor jerarquía institucional a las restricciones y obligará a la incorporación de barreras tecnológicas complementarias a las tradicionales requisas físicas, las cuales con frecuencia resultan insuficientes ante el ingreso clandestino de tecnología en los penales.

La implementación técnica de los bloqueadores de señal de internet y telefonía móvil demandará un estudio de factibilidad geográfica para evitar interferencias colaterales en los perímetros urbanos residenciales, especialmente en los alrededores del Complejo Penitenciario N.º 1 de Villa Las Rosas, ubicado en la capital provincial. El proyecto contempla el uso de equipamiento de inhibición focalizada de frecuencias de última generación para delimitar de manera precisa el espectro radioeléctrico dentro de los muros, tomando como referencia técnica las pruebas piloto realizadas en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, en la provincia de Santa Fe.

La medida se acopla a las políticas federales de seguridad interna del año 2026, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación dispusiera el despliegue de tecnología de bloqueo de conectividad en los principales complejos del Servicio Penitenciario Federal.