Grave denuncia en Cachi: la policía desalojó 44 hectáreas cuando solo eran 4

El violento procedimiento ejecutado por la Infantería policial en el paraje Las Pailas escaló a la categoría de escándalo judicial y político tras conocerse los detalles de la orden ejecutada. En declaraciones exclusivas a Pulenta Estudio, nuestro canal de streaming, el abogado defensor de la comunidad diaguita-calchaquí, Martín Plaza, denunció que la sentencia judicial ordenaba el desalojo de una parcela de apenas 4 hectáreas individualizada contra un solo comunero. Sin embargo, en un procedimiento que calificó como totalmente nulo e ilegal, las fuerzas de seguridad avanzaron de facto sobre 44 hectáreas, desahuciando a 17 familias originarias que no formaban parte del expediente y destruyendo la posesión de un territorio que ni siquiera estaba en litigio.

La jornada de terror incluyó detenciones ilegales nocturnas, la inacción de los organismos de protección y el desamparo total de niños y ancianos que debieron pasar la noche a la intemperie. La gravedad institucional del caso apunta directamente hacia el corazón del Poder Judicial salteño. El letrado advirtió que la presunta beneficiaria del despojo sería Julieta Wayar, quien formaría parte del Ministerio Público Fiscal de la provincia. De confirmarse este vínculo, se exigiría el inicio inmediato de investigaciones penales ante lo que la defensa considera una abierta connivencia para coordinar un exceso policial desproporcionado en beneficio de un miembro del propio funcionariado judicial.

El testimonio técnico de Martín Plaza desnudó cómo las autoridades ejecutaron un plan de despojo que excede por completo los límites de la legalidad formal. Los detalles brindados por el abogado exponen una maniobra de una brutalidad jurídica inédita en los Valles Calchaquíes: la causa judicial y la sentencia por la que el juzgado tenía competencia real se circunscribía exclusivamente a una fracción de la matrícula correspondiente a 4 hectáreas, dirigida contra un único miembro de la comunidad. El brazo policial no respetó el expediente y avanzó de forma ilegal sobre la totalidad de la matrícula, arrasando con 44 hectáreas y afectando un perímetro de 18 hectáreas comunitarias que estaban fuera de cualquier disputa legal. El desalojo forzoso golpeó a 17 familias que vivían en ese sector ampliado. Estas personas jamás fueron notificadas, no formaban parte de la demanda ni tenían situación judicial latente alguna con la contraparte.

“El estado actual es de mucha angustia y desesperación por un desalojo totalmente ilegal. Las familias desalojadas no eran parte del expediente y los organismos correspondientes —Niñez, Familia, Defensa en Juicio— no tomaron la intervención que debían, lo que convierte en nulo el operativo. El procedimiento además fue ilegal por el exceso de la fuerza de seguridad”, sentenció Plaza, confirmando que ya se evalúan severas acciones civiles y penales contra los responsables.

La violencia desplegada en los cerros de Cachi no encontró freno en las garantías constitucionales. Ante el avance de la Infantería, el abogado de la comunidad interpuso un recurso de habeas corpus de urgencia para frenar la agresión hacia las familias; sin embargo, la presentación fue ignorada por completo por las jefaturas policiales, que continuaron arremetiendo contra los hogares diaguitas. Tras la balacera de la tarde, la persecución se trasladó a la noche, donde se produjeron detenciones ilegales en los parajes.

La consecuencia humanitaria de la medida es crítica. La familia Guzmán y el resto de los damnificados debieron abandonar sus viviendas a la fuerza, dejando todas sus pertenencias dentro de los inmuebles cercados por la policía. Decenas de personas tuvieron que pasar la noche bajo el asilo y la solidaridad de los vecinos del paraje, quienes les abrieron sus puertas para protegerlos de las temperaturas extremas de la alta montaña. Los daños psicológicos y materiales resultan irreparables, dado que entre los desalojados se encuentran numerosas infancias, ancianos y personas con discapacidad.

El contexto nacional como habilitador del despojo

Para la defensa y los referentes de los pueblos originarios, este avance feroz de la justicia civil local no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del nuevo escenario político. La reciente derogación de la Ley Nacional N.º 26.160 por parte del Gobierno nacional propició una zona de desprotección absoluta para las comunidades indígenas, retirando el paraguas legal que frenaba los desalojos y dando luz verde a los sectores terratenientes para avanzar sobre los territorios históricos.

Mientras la angustia se apodera de Las Pailas, todas las miradas se trasladan al plano institucional local. Para la jornada de hoy está prevista una sesión clave en el Concejo Deliberante de Cachi, donde los legisladores municipales se verán obligados a tratar el conflicto ante la presión comunitaria. El pueblo de Cachi se mantiene en estado de alerta expectante, exigiendo que la política local rompa el silencio ante un procedimiento viciado de nulidad que dejó a 17 familias en la calle para engordar los privilegios de un sector vinculado al propio poder estatal.