La trampa del agua: exigen medidores de $200.000 a una provincia con 43.000 usuarios morosos

La falta de inversión estructural y la arbitrariedad en el cobro de los servicios públicos volvieron a encender las alarmas en la provincia. Durante la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), el defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Burgos Núñez, impugnó con dureza las pretensiones de la empresa estatal Aguas del Norte de trasladar de forma directa el costo de adquisición e instalación de los nuevos medidores a los bolsillos de los contribuyentes.

El funcionario advirtió que la transición hacia un sistema más equitativo de micromedición no puede financiarse a costa de una sociedad golpeada por los aumentos de tarifas y reveló un alarmante índice de morosidad que ya afecta a decenas de miles de hogares salteños.

El debate, clave para la economía familiar, dejó al descubierto el atraso crónico que padece el sistema sanitario salteño. Actualmente, más del 70% de los usuarios de la provincia —una cifra que el propio presidente del ENRESP, Carlos Saravia, situó en cerca de dos tercios de la población— carece de un medidor en sus hogares. Esto obliga a la inmensa mayoría de las familias a abonar el servicio de agua mediante un arcaico sistema de facturación por cargo fijo basado en la superficie del terreno, una fórmula injusta que no refleja el consumo real de los inmuebles.

Insumos de $200.000: la empresa busca desentenderse del financiamiento

El reclamo central de la Defensoría apuntó contra el nulo margen de previsión y la falta de alternativas de financiamiento presentadas por Aguas del Norte para modernizar la red.

Según datos ventilados en la misma audiencia por el titular del Ente Regulador, dotar a una vivienda de un sistema medido individual demanda un desembolso altísimo para cualquier economía doméstica. Comprar un medidor homologado oscila actualmente entre los $150.000 y $200.000 pesos, un valor al que además debe sumarse el costo de la mano de obra para la instalación en la vía pública.

“Me hubiera gustado escuchar un plan de establecimiento de micromedición y cuáles son las alternativas de financiamiento que tiene la empresa para avanzar en ese proceso sin trasladar todos los costos a los vecinos”, disparó Burgos Núñez, fustigando que la única salida propuesta por la prestataria sea la de descargar la inversión sobre el consumidor.

Ante esta encerrona económica, la Defensoría propuso de manera formal tejer convenios de urgencia con el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para que, de ahora en más, todas las nuevas unidades habitacionales de carácter social sean entregadas con el micromedidor ya incorporado de fábrica, distribuyendo los costos desde el pozo de obra y evitando parches tarifarios posteriores.

Alerta roja por morosidad: 43.000 hogares salteños ya no pueden pagar el agua

El costado más crítico de la exposición del Defensor del Pueblo radicó en la radiografía social de la provincia, golpeada por la recesión y el costo de vida. Burgos Núñez alertó sobre una preocupante escalada en los niveles de cobro que expone el grado de ahogo financiero de las familias ya que la provincia registra actualmente un piso de 43.000 usuarios en situación de morosidad con la empresa de agua estatal.

El funcionario advirtió que existen comunas del interior profundo salteño donde los niveles de incumplimiento y falta de pago ya superan el 60%, un indicador directo de que las tarifas vigentes ya resultan impagables para vastos sectores de la población.

Aunque el titular del ENRESP coincidió en la necesidad de modificar de raíz el sistema de cobro por superficie para "atenuar los impactos económicos" y destacó que la confiabilidad técnica de los aparatos está respaldada por el laboratorio local del INTI, la Defensoría insistió en que cualquier avance hacia la micromedición individual será inviable si no se contempla la realidad de los hogares.

Resulta profundamente injusto y violento que en una provincia asfixiada por la crisis económica, un recurso que determina la supervivencia humana sea tratado bajo una fría lógica mercantilista de costo y beneficio. El agua no es una mercancía de lujo, ni un servicio opcional del que las familias puedan prescindir para achicar gastos; es un derecho humano inalienable y una necesidad vital y biológica indispensable para la dignidad, la salud y el desarrollo de cualquier comunidad.

Forzar a los vecinos a financiar de sus propios bolsillos equipos de medición de hasta $200.000, o castigarlos con cargos fijos arbitrarios basados en los metros cuadrados de sus casas, ignora por completo la responsabilidad del Estado. Tratar el acceso al agua potable como un simple bien de cambio no solo vulnera la justicia social, sino que deshumaniza la gestión pública al colocar las urgencias financieras de una empresa por encima del derecho sagrado de los salteños a la vida misma.