Caso Santiago Pedroza: detenido con arresto domiciliario

La audiencia estuvo a cargo de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes actúan en Unidad Fiscal. Durante la exposición de este jueves, detallaron ante la jueza los hechos atribuidos al acusado, la calificación legal provisoria, el grado de participación que le adjudican y los elementos probatorios reunidos hasta el momento en la causa.

Según la acusación, la investigación apunta a una presunta maniobra de comercialización de terrenos que presentarían condiciones de inhabitabilidad e inundabilidad, situación que habría afectado a numerosas personas que adquirieron esos lotes bajo determinadas condiciones que ahora son objeto de análisis judicial.

La Fiscalía pidió prisión preventiva

Una vez formalizada la imputación, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la prisión preventiva de Pedroza. El pedido estuvo fundamentado en la existencia de riesgos procesales, particularmente la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos investigados y la expectativa de pena que podría derivarse de una eventual condena.

Además, la Unidad Fiscal requirió la realización de pericias psicológicas, psiquiátricas y ambientales sobre el imputado, así como la extracción y análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación. El objetivo es profundizar el análisis de las comunicaciones mantenidas con denunciantes y otros imputados vinculados a la causa.

Arresto domiciliario y restricciones

Tras escuchar los planteos de la Fiscalía y de la defensa, la jueza Victoria Montoya Quiroga resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva y ordenó que Pedroza permanezca bajo arresto domiciliario, con custodia policial fija en la vivienda familiar hasta que se concrete la colocación de una tobillera electrónica.

La magistrada también impuso una serie de restricciones destinadas a preservar la investigación. Entre ellas, prohibió al imputado mantener cualquier tipo de contacto con los denunciantes o con otros coimputados, ya sea de manera directa o indirecta.

En una medida poco habitual, la resolución también le impide realizar declaraciones públicas sobre la causa, mantener contacto con medios de comunicación o efectuar publicaciones en redes sociales vinculadas al expediente.

Garantías económicas

Como parte de las condiciones impuestas para sostener la medida de arresto domiciliario, la Justicia aceptó una caución personal ofrecida por la pareja del imputado y una caución real presentada por la defensa. Esta última consiste en un inmueble sobre el que se ordenó trabar un embargo preventivo.

La causa continúa en etapa de investigación y la Fiscalía busca determinar el alcance de la presunta maniobra, la cantidad de personas afectadas y las responsabilidades de los distintos involucrados en una operatoria que, de confirmarse, podría derivar en uno de los expedientes por estafas inmobiliarias más relevantes de los últimos años en Salta.