Comunidades originarias rechazan la Ley de la Vicuña por violar la consulta previa obligatoria

Una vez más, la Cámara de Diputados de Salta aprobó a libro cerrado un proyecto de ley estratégico sin cumplir con la Constitución ni escuchar a los verdaderos protagonistas del territorio. En una tensa reunión ampliada en la Comisión de Minería y Medio Ambiente del Senado, representantes de los pueblos Diaguita, Kolla, Atacama y Tastil sepultaron el texto legislativo en revisión, denunciando que la normativa fue parida ignorando por completo el derecho internacional a la Consulta Previa, Libre e Informada (Convenio 169 de la OIT).

Las comunidades advirtieron que la ley, tal como salió de la cámara baja, posee una mirada puramente extractivista y comercial que le entrega el control absoluto al Ministerio de la Producción, abriendo la puerta grande a la monopolización del recurso por parte de acopiadores y a una exportación desmedida hacia mercados de Europa, Asia y Norteamérica que dejaría vacíos los talleres de los artesanos salteños.

El conflicto desnuda el ninguneo institucional hacia un trabajo de base que las comunidades indígenas, junto al INTA y universidades, venían tejiendo pacientemente desde el año 2014. Los voceros de los pueblos originarios—entre ellos David Pastrana, Hilaria Cruz y Luisa Casimiro—dejaron en claro su disconformidad con una ley que, bajo la excusa de regular el método ancestral de la esquila silvestre (“chaku”), borra la identidad cultural y el espíritu conservacionista de la especie para transformarla en un simple comodín de facturación. La trampa del proyecto aprobado por Diputados radica en centralizar el poder de policía en una sola ventanilla ministerial y utilizar un eufemismo geográfico al hablar de comunidades "andinas" en lugar de reconocer el estatus legal y constitucional de comunidades "indígenas".

Ante el evidente riesgo de que la fibra de vicuña sufra el mismo proceso de saqueo que los minerales de la Puna, los referentes exigieron un esquema de cogestión vinculante mediante la creación urgente de la Mesa Provincial de la Vicuña. El planteo de resistencia es netamente económico y social: a diferencia de lo que ocurre en provincias vecinas, donde el pelo del animal se exporta en bruto desangrando la economía regional, Salta debe garantizar por ley que el valor agregado se quede en los cerros. Priorizar la manufactura de los artesanos locales es la única barrera real para generar empleo genuino en los departamentos de Los Andes, Iruya, Cachi o Santa Victoria, frenando el penoso desarraigo y la migración forzada de los jóvenes hacia las periferias urbanas.

Además del desprecio por la autonomía indígena, la ley de Diputados hace la vista gorda ante las verdaderas amenazas ambientales en la frontera con Bolivia, donde las redes de caza furtiva siguen operando con total impunidad. Tras escuchar los duros reclamos de los delegados y del propio IPPIS, a los senadores Gonzalo Caro Dávalos y Dani Nolasco no les quedó más opción que admitir los vicios del proyecto y comprometerse a meterle mano al articulado. El dictamen quedó sentenciado: el Senado modificará la ley para incorporar el protocolo de consulta previa y la mesa de cogestión, obligando a que el texto vuelva en segunda revisión a Diputados, en un claro tirón de orejas a un cuerpo legislativo que pretendió convertir un símbolo sagrado de la identidad andina en un frío negocio de mostrador.