Un año de impunidad: empresarios libres o en domiciliaria y ninguna condena en la mayor red de trata de Salta

La Justicia Federal de Salta se encamina a cumplir un año más de investigación empantanada en pericias digitales mientras el entramado de impunidad de la burguesía local sigue buscando atajos para zafar. El Juez Federal de Garantías N°1, Julio Bavio, extendió el plazo de la investigación penal dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba hasta agosto de 2026, una prórroga que, si bien se argumenta en la complejidad de la causa por asociación ilícita y trata de personas, expone los tiempos exasperantes de un sistema judicial que duerme expedientes mientras las infancias siguen desprotegidas.

Son al menos 35 las adolescentes de entre 12 y 17 años —alumnas de colegios públicos y privados de las zonas sur, centro y norte de la capital— identificadas como víctimas de una organización criminal de una gravedad inusitada que operaba ante la ceguera institucional de las escuelas y el Ministerio de Educación provincial.

El caso, que estalló gracias a la valentía de una madre que revisó de forma particular el celular de su hija en 2025 y no por los resortes de prevención del Estado, desnudó lo que la Fundación Volviendo a Casa había anticipado emitiendo alertas tempranas en el año 2023. Esas advertencias fueron olímpicamente ignoradas por los mecanismos de control provinciales, permitiendo que la banda siguiera operando con total impunidad. Hoy, con nueve varones procesados, la indignación popular apunta directo al corazón del poder económico salteño: los abusadores y financistas no eran marginales, eran prósperos comerciantes, proveedores de la política y agentes de seguridad.

El cronograma del abuso: la perversión del reloj y el cinismo de los implicados

El modus operandi de la red criminal funcionaba con una precisión quirúrgica diseñada para burlar el control de los tutores y las autoridades escolares. La banda utilizaba a un adolescente de 16 años, compañero de escuela de las menores, como "marcador" encargado de identificar y tantear cuáles de sus compañeras se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad económica o emocional. Una vez marcado el objetivo, entraba en acción Víctor Chorolque, un remisero de 63 años que utilizaba la fachada de su oficio y la confianza de las familias para recoger a las adolescentes en los accesos de los colegios y trasladarlas a moteles o propiedades privadas.

La logística del horror estaba estrictamente cronometrada: los encuentros para cometer los abusos sexuales estaban pautados para no durar más de 18 minutos, un lapso calculado fríamente para que la ausencia de las menores no encendiera las alarmas en los preceptores o padres. Las adolescentes eran sometidas mediante manipulación psicológica, suministro de alcohol y estupefacientes pesados, y amenazas explícitas con armas de fuego o grabaciones de video para imponer el secreto. Las tarifas del mercado de explotación variaban entre los $60.000 y los $200.000 pesos, pagándose los montos más altos si las estudiantes eran catalogadas como "vírgenes".

Uno de los personajes más expuestos en el expediente es el comerciante inmobiliario Gonzalo Chibán, imputado como uno de los principales explotadores y beneficiarios de la red. Chibán recibía a las menores en sus departamentos privados de uso personal, donde la fiscalía constató que les suministraba drogas de diseño como MDMA y hongos para anular por completo su voluntad y someterlas a prácticas aberrantes. Al momento de sentarse ante el tribunal, el empresario ensayó una de las defensas más cínicas del historial judicial salteño, argumentando ante el juez que "no sabía que las víctimas eran menores de edad", una estrategia jurídica que se estrella de frente contra el hecho de que las pibas eran captadas en las puertas de los colegios secundarios con sus uniformes escolares.

Privilegios de clase en el banquillo y la sodería del horror en zona norte

La asimetría en el tratamiento judicial de los imputados vuelve a encender las alarmas sobre la existencia de una justicia selectiva en Salta. El empresario gráfico Juan Manuel Saravia, propietario de una conocida imprenta y taller de ploteo de la capital, se encuentra imputado como coautor del delito de trata doblemente agravado. Saravia no es un desconocido en el ámbito local: su actividad comercial privada lo consolidó como un proveedor frecuente de las estructuras políticas de la provincia, encargándose de la logística de cartelería, gigantografías y folletería de los diferentes partidos durante los períodos de campaña electoral. A pesar de la gravedad de la imputación por la que arriesga hasta 15 años de prisión efectiva, la Justicia Federal le concedió de manera provisoria el beneficio del arresto domiciliario bajo la insólita justificación de tener que cuidar a su madre enferma, un beneficio de elite que los tribunales sistemáticamente niegan a los presos sin recursos.

El entramado civil que financiaba los abusos se completa con comerciantes barriales de alta capacidad económica que utilizaban sus locales como fachadas de respetabilidad. En el barrio Castañares, una zona de enorme concurrencia escolar, operaba el "Chato" Sarapura, un próspero dueño de carnicerías que utilizaba sus recursos económicos y vehículos comerciales para aproximarse a los entornos de las víctimas y abonar las abultadas tarifas de la red. En la misma línea de financistas aparece Coria, propietario de una sodería, imputado además por tenencia de material de explotación sexual infantil.

El perfil más siniestro de la banda lo encarna el jujeño radicado en el coqueto barrio Grand Bourg, Ricardo Pol (alias Paul Freddy). Conocido públicamente como repartidor de agua a domicilio, Pol ya contaba con una condena previa por promoción de la prostitución e investigaciones por grooming. Dentro de la red de captación, el sujeto utilizaba el pseudónimo de "Sugar Daddy" ante las menores, aplicando una táctica de doble manipulación psicológica: fingía ser un protector, adoptaba un rol paternal aconsejándoles que "estaba mal lo que hacían" y advirtiéndoles sobre sus conductas, para luego terminar explotándolas sexualmente de forma sistemática en sus propiedades. Al ser detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las pericias sobre sus dispositivos electrónicos confirmaron que almacenaba material explícito, sumándosele cargos bajo el Artículo 128 del Código Penal.

La sospecha de la red de protección: una banda que no operaba sola

Las movilizaciones callejeras impulsadas por la militancia feminista y los familiares de las víctimas han instalado con fuerza la denuncia de una densa red de protección y encubrimiento político que excede a los nueve detenidos en la causa.

Las organizaciones sociales sostienen que una estructura criminal con capacidad para corromper los entornos de colegios públicos y privados, movilizar choferes estables, alquilar moteles y explotar sistemáticamente a más de una treintena de adolescentes durante años, no pudo haber funcionado sin la connivencia explícita o el silencio comprado de sectores de los poderes políticos, judiciales y de la Policía Federal —institución que cuenta con un agente de sus filas entre los procesados y cuya identidad goza la estricta protección de la reserva judicial y el secreto de sumario—.

La prórroga penal hasta la segunda mitad de 2026 representa un arma de doble filo: por un lado, abre la puerta para que las pericias sobre los dispositivos secuestrados arrojen nuevos cargos por insolvencia fraudulenta y abuso sexual complejo; por el otro, estira la agonía de las víctimas y dilata la llegada de un juicio oral y público que exponga los rostros del poder económico que compraba infancias por minutos.

La exigencia de las calles salteñas se mantiene firme: caiga quien caiga y pese a las vinculaciones comerciales con la política partidaria, no se va a aceptar ningún pacto de silencio en los escritorios judiciales. Si el sistema pretende canjear impunidad por estatus social, se encontrará con la furia organizada de un pueblo que ya no le teme a los nombres de los poderosos.