"La tierra es de quien la trabaja": el inesperado repudio de una Wayar contra el desalojo ilegal en los Valles

El violento e ilegal desalojo ejecutado contra la comunidad de Las Pailas provocó una grieta inesperada en el seno de la propia familia terrateniente demandante. María Eugenia Wayar, familiar directa de la supuesta propietaria de las tierras en litigio, rompió el silencio público para repudiar con dureza el accionar de la Justicia salteña y la avanzada judicial de su prima. En una demostración de honestidad histórica que sacude el tablero político de los Valles Calchaquíes, la mujer reconoció la preexistencia étnica de los pueblos originarios sobre el territorio, advirtió sobre el desastre ambiental que provocan los hoteles de elite y exigió al poder político frenar la entrega de cerros a capitales extranjeros bajo la premisa de que "la tierra es de quien la trabaja".

Las declaraciones de la mujer desarman por completo el relato corporativo que intentaba justificar el uso de la Infantería para expulsar a 17 familias de un perímetro de 44 hectáreas. Lejos de avalar la embestida judicial, María Eugenia Wayar se solidarizó con los damnificados, catalogó la situación como "terrible" y se comprometió de manera pública a interceder llamando directamente a su prima —quien forma parte del Ministerio Público Fiscal— para intentar frenar el atropello humanitario en Las Pailas.

El testimonio de María Eugenia echa por tierra las pretensiones de propiedad absoluta que la querella esgrimía en los tribunales civiles para justificar el uso de la fuerza pública. Con una profunda autocrítica familiar, la mujer puso las cosas en su lugar respecto al origen de la ocupación en los Valles:

“Tenemos que reveer todo y comenzar a conversar estos conflictos porque la tierra es de quien la trabaja y de quien está. Los Wayar vinimos después, mucho después; la propiedad ancestral de la tierra ya existía desde antes que nosotros. Nadie se va a llevar a la tumba las tierras”, sentenció con crudeza, deslegitimando la validez moral del violento operativo.

La integrante de la familia Wayar recordó que este foco de conflicto arrastra una larga historia de desatención estatal, situando sus orígenes en las protestas del año 2018: “Esto empezó en 2018 cuando Manrique era el cacique y cortamos el puente; ahí se tendría que haber resuelto. No estamos a la espera de que vengan extranjeros a comprar las tierras como están haciendo”, alertó.

Hoteles impresionantes sin cloacas: la denuncia por el negocio ambiental

El eje más filoso del descargo apuntó contra el modelo de desarrollo turístico e inmobiliario de elite que empuja los desalojos en Cachi, transformando los cerros en parajes de lujo mientras se destruye el ecosistema y se margina a los lugareños. La mujer denunció la doble vara ambiental y la falta de infraestructura básica que toleran el municipio y la provincia para beneficiar a los nuevos compradores:

"Se está llenando de gente que no le importa dónde deja sus residuos ni la contaminación. Hacen hoteles impresionantes, ¿y dónde están las cloacas?”, cuestionó de forma directa.“¿Y quién defiende a los originarios? Me parece que tenemos que comenzar a conversar desde un principio poniéndonos la mano en el corazón”, disparó, exponiendo la complicidad de las autoridades que miran para otro lado ante la falta de manejo de residuos pesados por parte de los empresarios.

Un llamado de urgencia al poder político y un arreglo necesario

Ante la nula respuesta del Ejecutivo provincial y el silencio del Ministerio Público, María Eugenia Wayar emplazó a los funcionarios y legisladores a abandonar la inacción burocrática y bajar al territorio de manera inmediata. “¿Qué van a hacer desde el poder político? Deben reunirse con Florencia y las comunidades porque hay que llegar a un arreglo”, reclamó, exigiendo mesas de diálogo reales que dejen de utilizar a la policía como fuerza de choque.

Este quiebre interno dentro de la familia Wayar deja en una posición de absoluta debilidad política y moral a la facción que impulsó el desalojo ampliado de 44 hectáreas. Con una parienta directa reconociendo que los títulos tradicionales llegaron "mucho después" que las pircas diaguitas y denunciando la entrega del Nevado de Cachi a desarrolladores hoteleros que contaminan el agua, la Justicia salteña se queda sin argumentos legales limpios para sostener el desahucio de las 17 familias que hoy continúan resistiendo en los cerros.