Un 3J contra los violentos con fueros: Pablo López sigue en su banca de concejal pese a las denuncias

Este 3 de Junio, mientras miles de salteñas vuelven a copar las calles de la Ciudad Judicial y las plazas bajo el grito de "Ni Una Menos", la realidad institucional de la provincia devuelve un cachetazo de impunidad que expone los engranajes de la violencia estructural. El caso del concejal Pablo López de La Libertad Avanza se consolidó como el ejemplo más obsceno de cómo el poder político y judicial se confabulan para proteger a los violentos: a pesar de arrastrar gravísimas denuncias por violencia de género e incluso haber sido expulsado de su banca mediante un Juicio Político, hoy continúa atrincherado en su cargo gracias a cautelares judiciales exprés.

Su permanencia en el cuerpo deliberativo no es un hecho aislado, sino la prueba de que el pacto de caballeros en las instituciones salteñas sigue gozando de excelente salud. La violencia estructural no es una abstracción teórica; es la complicidad burocrática y sistemática que los de arriba despliegan para disciplinar a las víctimas y blindar a los propios.

Cuando un funcionario público denunciado penalmente logra utilizar los recursos del propio Estado para anular las decisiones democráticas de un cuerpo legislativo y perpetuarse en el poder, el mensaje que se envía desde las esferas del poder a los barrios es devastador: denunciar no sirve de nada si el agresor tiene una banca o contactos en los tribunales.

La trayectoria del escándalo institucional en torno a Pablo López expone la doble vara que rige en la provincia. Cuando las denuncias por violencia de género tomaron estado público y parlamentario, el Concejo Deliberante se vio obligado por la presión social a activar los mecanismos institucionales pertinentes, culminando en un proceso de Juicio Político que determinó su expulsión inmediata debido a la incompatibilidad ética y legal de ejercer la representación del pueblo bajo tales cargos. Sin embargo, el andamiaje protector de la corporación política no tardó en reaccionar.

Mediante una aceitada maniobra en los pasillos de la justicia —la misma justicia ante la cual las mujeres deben mendigar un botón antipánico o esperar meses por una restricción perimetral—, López consiguió un amparo judicial express que suspendió los efectos de su destitución. Esta intervención judicial no solo avasalló la autonomía del Poder Legislativo municipal, sino que reinstaló al concejal denunciado en su despacho, garantizándole el cobro de dietas millonarias y el uso de fueros institucionales, demostrando que para los poderosos existen atajos legales inaccesibles para el ciudadano común.

La permanencia de López en el Concejo Deliberante salteño representa una provocación directa a los reclamos históricos del movimiento feminista. Mientras los discursos oficiales de los distintos bloques intentan maquillar la gestión con comisiones de equidad o declaraciones de repudio simbólicas, en la práctica conviven y validan la presencia de un edil apartado por sus propios pares mediante los mecanismos de la Carta Orgánica. Este silencio y esta convivencia forzada por los fallos de la justicia amiga configuran una forma de violencia institucional que revictimiza de forma colectiva a toda la comunidad.

Por eso, este miércoles la marcha hacia la Ciudad Judicial y la posterior movilización a la Legislatura adquieren un sentido de urgencia concreta. El caso de Pablo López demuestra que la reforma de las instituciones no vendrá desde los escritorios de los funcionarios cínicos que se acomodan según el viento político, sino de la exigencia implícita de las calles. Exigir la destitución efectiva de los violentos en los cargos públicos es una necesidad de primer orden para arrancar la complicidad estatal que desprotege las vidas de las trabajadoras, porque un violento en una banca es la legitimación oficial de la barbarie en el hogar.