La diplomacia del ruego: el Concejo Deliberante emite una tibia declaración por los subsidios de SAETA

En medio de la peor crisis de la historia del transporte público en Salta, con paros nocturnos, colectivos circulando con reservas críticas de gasoil y un boleto impagable que vació las unidades, el Concejo Deliberante capitalino optó por la diplomacia del ruego.

La Comisión de Hacienda incorporó al Orden del Día un Proyecto de Declaración dirigido a los diputados y senadores nacionales por Salta, en el que manifiestan que "verían con agrado" que gestionen la restitución del Fondo Compensador del Interior. Este tibio pedido de favores por parte de los ediles locales contrasta de manera brutal con la realidad de los trabajadores de a pie, para quienes la defensa del subsidio nacional no debe ser una sugerencia cortés, sino una exigencia irrenunciable ante el Congreso.

El proyecto parlamentario intenta maquillar con buenos modales un escenario de asfixia que ya destruyó la rutina de miles de usuarios en el área metropolitana. Al utilizar la fórmula de "vería con agrado", el cuerpo deliberativo rebaja la jerarquía institucional de Salta, colocándose en una postura de sumisión ante los mismos legisladores nacionales que ganan dietas millonarias y que deberían estar plantándose en Buenos Aires para frenar el saqueo de los recursos provinciales ordenado por el Poder Ejecutivo Federal.

En los propios fundamentos del proyecto, los miembros de la comisión describen de forma detallada la gravedad del colapso, lo que vuelve aún más incomprensible la falta de firmeza en el articulado. El escrito reconoce explícitamente la crisis estructural que atraviesa el sistema de transporte automotor de pasajeros en la ciudad y la provincia como consecuencia directa de la eliminación discrecional del Fondo Compensador del Interior, el engranaje financiero mediante el cual el Estado nacional subsidiaba de manera equitativa a las empresas de colectivos urbanos.

El texto oficial pone de relieve un hecho incontrastable: el transporte público constituye un servicio esencial y un derecho humano básico para garantizar el acceso real de la población al trabajo, la educación, la salud y las actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, tras diagnosticar que la quita del subsidio al interior genera un impacto destructivo en las empresas prestadoras, disparando los costos operativos y obligando a los usuarios a pagar tarifas de frontera, la respuesta legislativa de los ediles salteños se limita a un pedido de colaboración voluntaria, despojando al reclamo de cualquier tipo de fuerza vinculante o presión política.

La declaración expone la asimetría histórica y la injusticia geográfica que sufre el norte del país, donde los subsidios nacionales fueron borrados del mapa mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa recibiendo fondos millonarios para mantener sus tarifas congeladas. Ante este escenario de discriminación explícita, los representantes de Salta en el Congreso de la Nación tienen la obligación constitucional de bloquear presupuestos, armar bancadas federales y exigir compensaciones inmediatas, en lugar de esperar a que un Concejo Deliberante les pida amablemente que hagan el trabajo para el cual fueron votados.

Mientras los concejales redactan expresiones de deseo que terminarán archivadas en un cajón, las consecuencias del ajuste las sigue pagando el laburante en las paradas. La comunidad educativa de los terciarios debe cortar avenidas porque las clases se recortan por falta de coches a la noche, y los empleados de comercio ven licuados sus salarios pagando un boleto a $1.450 que no garantiza frecuencias ni seguridad. La crisis del transporte salteño no se va a solucionar mandando cartas de cortesía a los despachos del Congreso; se soluciona plantando una exigencia institucional unificada que defienda el federalismo con la firmeza que el bolsillo del pueblo reclama en las calles.